La consideración del proyecto de ley que derogaría el Artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito la obstrucción o paralización de obras de construcción, atrajo este lunes a miembros de tres organizaciones representativas del sector privado, que llegaron hasta el hemiciclo del Senado en un intento por frenar la eliminación del estatuto.

El análisis de la llamada Ley Tito Kayak también generó discusión entre los senadores durante los turnos iniciales de la sesión por voz del portavoz de la minoría novoprogresista, Larry Seilhamer, quien afirmó que la aprobación de la medida atenta contra la industria de la construcción, y desalienta la unión entre diversos sectores sociales.

 "Va a atentar contra miles y miles de obreros de la industria de la construcción", advirtió el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) al destacar que una de las principales promesas de campaña del gobernador Alejandro García Padilla fue la creación de empleos.

Las expresiones de Seilhamer arrancaron aplausos entre los presentes en las gradas del recinto senatorial, entre los que figuraban integrantes de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), la Asociación de Industriales y la Asociación de Contratistas Generales (ACG).

El liderato de las tres organizaciones profesionales emitió un comunicado conjunto para consignar su rechazo a la derogación del Artículo 200 del Código Penal.

"La derogación de esta disposición penal no crea un solo empleo en el país, pero sí añade elementos sumamente nocivos que alejan la inversión de capital, desalientan nuevos proyectos de construcción y ponen el camino más difícil a la industria de construcción", señala el parte de prensa.

Según las asociaciones empresariales, la derogación del estatuto que sanciona con pena de reclusión por un término fijo de tres años las manifestaciones o protestas que obstaculicen el acceso a obras públicas y privadas podría afectar adversamente proyectos como el redesarrollo de la antigua base naval de Roosevelt Roads, así como el Puerto de Ponce.

Según las organizaciones, el referido artículo del Código Penal "es necesario para evitar un conflicto y paralización mayor en el país, y mantener el orden en los proyectos de obra pública y privada que han pasado por el proceso establecido por ley".

Durante la mañana, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, afirmó que le darían paso a la aprobación de la medida, y calificó como "más que un error" su aprobación durante el pasado custrienio.

"No estoy en contra de las construcciones, pero no se puede criminalizar el libre ejercicio de la expresión, y eso es totalmente inaceptable", dijo el líder senatorial a este medio.

"(Esa ley) es más que un error, fue una acción a propósito de la pasada administración de criminalizar la libertad de expresión en muchos aspectos, no solo en la construcción, sino lo que tuvo que ver con los estudiantes y apagar los micrófonos (durante los debates en el Senado). Aquí había una intención de silenciar a Puerto Rico, y eso es totalmente inaceptable", puntualizó Bhatia.

La reportera Alba Muñiz colaboró con esta historia.