El Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica, que estará a cargo de preparar el borrador del plan para enderezar las finanzas del gobierno y la economía, fue reconfigurado para excluir entre sus integrantes a los presidentes de la Asamblea Legislativa. 

El cambio en la composición del grupo cobró efecto mediante una Orden Ejecutiva aprobada el martes por el gobernador interino, Víctor Suárez, y responde a las disposiciones de la recién firmada “Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica”(Ley 208-2015), que establece que el equipo de trabajo deberá estar constituido únicamente por miembros del Ejecutivo.

Tras la salida de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el grupo permanecería conformado por Suárez, en calidad de secretario de Estado; por la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, y el secretario de Justicia, César Miranda. 

“Esta administración está comprometida con continuar atendiendo la crisis fiscal, estimamos pertinente enmendar el Boletín Administrativo Núm. OE-2015-022 (que creó el grupo), según enmendado, para darle continuidad a los esfuerzos de ese Grupo de Trabajo delimitándolo a los miembros del grupo que pertenecen a la Rama Ejecutiva, según ordenado por dicha ley”, reza la nueva normativa.

Desde que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica fue creado a finales de junio, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y su homólogo en la Cámara, Jaime Perelló, optaron por enviar a las sesiones de trabajo a sus respectivos representantes para evitar conflictos posteriores, pues como parte de sus funciones oficiales, tendrían que evaluar luego cualquier propuesta que surgiera del plan económico y fiscal que requiriera acción legislativa. 

La nueva ley dispone que, en o antes de que acabe el segundo trimestre del año fiscal 2016 o una vez hayan sido nombrados todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, el grupo de trabajo deberá someter ante los cinco integrantes del nuevo organismo un plan de crecimiento económico y fiscal consolidado de cinco años.

Cuando el plan sea avalado por la Junta, los integrantes del grupo especial de trabajo, de ser necesario, comenzarán a negociar con los acreedores de las entidades públicas fiscalizadas por el ente de nueva creación, y luego que logren algún entendido con los acreedores que permita la implementación del plan económico y fiscal, entonces el gobernador aprobaría el plan contemplado por dichos acuerdos mediante una Orden Ejecutiva.