Refieren a Justicia tres compañías por evasión contributiva

Por Alex Figueroa Cancel 11/13/2013 | 01:25 p.m.
Melba Acosta explicó que las violaciones al Código de Rentas Internas consisten en la evasión del pago del IVU, la retención de contribuciones patronales sobre los salarios sin remitir a Hacienda y por fallar en radicar planillas.
La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, informó hoy que las tres empresas enfrentarían cargos de apropiación ilegal de sobre $3.6 millones en fondos públicos. (Archivo)  

El Departamento de Hacienda refirió tres compañías privadas al Departamento de Justicia para la radicación de cargos criminales por evasión contributiva.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, informó hoy que las tres empresas enfrentarían cargos de apropiación ilegal de sobre $3.6 millones en fondos públicos.

 Acosta explicó que las violaciones al Código de Rentas Internas consisten en la evasión del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), la retención de contribuciones patronales sobre los salarios sin remitir a Hacienda y por fallar en radicar planillas.

 "Una de las corporaciones referida a Justicia se dedica a la operación de establecimientos de comida rápida en los principales centros comerciales del país. Otra compañía se dedica a las ventas al detal en Plaza Las Américas", dijo Acosta en conferencia de prensa. "La otra (compañía) es de servicios de seguridad, que no radicó las planillas de contribución sobre ingresos aun cuando devengó ingreso tributable", detalló la Secretaria.

 Según Hacienda, la compañía operadora de restaurantes de comida rápida debe $1,137,580.57 por no pagar el dinero que le retuvo a sus empleados y el que cobró por concepto del IVU entre los año 2008 al 2012.

Mientras, por la misma práctica ilegal, a la empresa de ventas al detal le imputan una deuda de $871,015 con Hacienda.

Por su parte, la deuda de la compañía de servicios de seguridad por no pagar los impuestos de contribución sobre ingresos asciende a $1.6 millones.

"Las compañías que retienen dinero del salario de los empleados y cobran IVU no se pueden quedar con ese dinero. Ese dinero no es de la compañía, es dinero del empleado o del consumidor y tienen que mandarlo a Hacienda. Hay muchas compañías que no lo están haciendo", agregó.

 "Nos crea un problema, porque el dinero de las retenciones es para pagar los reintegros y el del IVU es para COFINA", explicó.

Acosta dijo que se han hecho estudios para estimar cuánto dinero no llega al gobierno por los diferentes tipos de evasión contributiva, pero no se aventuró a dar un número al indicar que es prácticamente imposible de cuantificar.

No obstante, sí se mantuvo en el estimado de que la captación del IVU sigue en un 68%. "Hemos visto que si se aumenta en al menos un 20%, eso podría significar $300 millones adicionales", comentó Acosta. "Necesitamos llegar por lo menos a un 80% o un 90%", afirmó.

La secretaria dijo que los recaudos generales de Hacienda siguen por encima para esta misma fecha el año pasado, pero admitió que la captación del IVU está $23 millones por debajo, por lo que anticipó que vendrán más referidos al Departamento de Justicia.

 "Estos son algunos de los primeros casos referidos de las 200 notificaciones que hizo Hacienda en el mes de junio a los deudores más grandes de IVU y de retención de contribuciones patronales sobre salarios", agregó Acosta al detallar que el resto de las investigaciones permanecen abiertas.

El primer referido de este tipo por Hacienda se efectuó en mayo pasado, contra una empresa que agrupa a varias actividades comerciales en la Isla por no pagar el IVU, pero no se llegaron a radicar los cargos, pues la compañía se acogió a un plan de pago cuando entró en vigor la amnistía.

Acosta explicó que el estado derecho actual le prohíbe revelar la identidad de los deudores. Habría que esperar a que el Ministerio Público radique los cargos en los tribunales para conocerla.

Sobre este asunto, Acosta comentó que una de las iniciativas que trabaja para atajar la evasión de impuestos es una medida legislativa que permitiría que Hacienda publique listas de deudores a los que se les ha notificado en una determinada cantidad de ocasiones sus deudas, además de otras gestiones para cobrarles y corroborar que no hay errores en el monto de la deuda.

"Eso se hace en otras jurisdicciones de Estados Unidos, como California, Colorado, Georgia, Luisiana Connecticut, Washington y Kentucky", señaló Acosta.

La titular de Hacienda precisó que además de la radicación de cargos criminales, la agencia también puede entablar pleitos legales de índole civil. También mencionó que mensualmente embargan cuentas de banco.

Por otro lado, Acosta indicó que trabajan en otras iniciativas para aumentar los recaudos y captación del IVU, incluyendo el reclutamiento de 188 empleados para fortalecer diferentes áreas de fiscalización. Además, realizarán auditorías especiales enfocadas en los cambios establecidos en la Ley 40, como el llamado B2B (business to business).

Mientras, a partir de mañana, Hacienda comenzará una campaña en los medios de comunicación para recordarle a los ciudadanos particulares y comerciantes las vías que tienen para saldar sus deudas y las penalidades a las que se exponen en caso de violar la ley.

Acosta precisó que no pagarle a Hacienda el dinero retenido constituye un delito de apropiación ilegal agravada (por tratarse de fondos públicos), siempre que se pueda probar que el incumplimiento fue voluntario, y con la intención de evadir o derrotar el pago de contribuciones. La pena por dicho delito es de hasta 5 años de cárcel, por cada uno de los delitos imputados (1 delito por cada incumplimiento).

Además, si la persona no radica las planillas del IVU, estaría cometiendo el delito dispuesto en la Sección 6030.11 (Penalidad por Dejar de Rendir Planilla o Declaración). Igualmente, la pena por este delito es de un máximo de 5 años de reclusión por cada delito (1 delito por cada planilla mensual).

 Asimismo, si radica las planillas mensuales con información falsa o incorrecta con el propósito de evadir o derrotar el pago de contribuciones incurriría en el delito dispuesto en la Sección 6030.16 del Código (Penalidad por Presentar Planillas, Declaraciones, Declaraciones Juradas y Reclamaciones Fraudulentas), con una pena de un máximo de 5 años de reclusión por cada delito (1 delito por cada planilla mensual falsa y fraudulenta).