El senador popular Martín Vargas le imputó este jueves a la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, haberse atribuido un salario mayor al que le correspondía cuando asumió el cargo, y la refirió al Departamento de Justicia (DJ), a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Contralor por esos hechos.

Vargas alegó que la alcaldesa del Partido Nuevo Progresista (PNP) violentó la Ley 69-2014, de su autoría, al supuestamente adjudicarse el salario mensual de $9,400 que tenía su padre, el alcalde saliente José “Chemo” Soto, en lugar de comenzar con el salario base de $6,500 que le correspondía según la población de Canóvanas.

El referido estatuto enmendó la "Ley de Municipios Autónomos” para revisar los salarios de los ejecutivos municipales, y establecer escalas a base del número de habitantes de cada pueblo.

Vargas, presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización del Senado, dijo que cuando Soto Villanueva llegó a la alcaldía de Canóvanas, recortó su salario en 7%, en igual proporción que la reducción que se le había aplicado al resto de los empleados municipales.

“Aún con el recorte, su salario representa un exceso de salario mensual de $2,242”, manifestó el también exalcalde de Guánica al señalar que, actualmente, el exceso de salario acumulado asciende a $22,420.

“Ya se acabó el relajo de (que) un alcalde llega y escoge el salario que le venga en gana, o hereda el salario del alcalde anterior que tenía ese gobierno municipal. Eso es cosa del pasado. Este Senado trabajó una pieza legislativa que se convirtió en ley que le dio garras al DJ, y nosotros, autores de esa medida, de esa ley, vamos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, enfatizó el legislador durante una conferencia de prensa.

Ante los señalamientos en su contra, Soto Villanueva dijo que su administración y la Legislatura Municipal de Canóvanas cuentan con una opinión legal que sostiene que la Ley 69 no le aplica porque fue aprobada luego que ella se estrenara en el cargo.

La exsenadora insistió en que resultó electa el 30 de mayo del 2014. Sin embargo, juramentó al puesto el 1 de julio, y el estatuto fue aprobado el 24 de junio de ese año.

“Demostrando la validez de las acciones del municipio, sometimos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales toda la información y la opinión legal referente a este asunto”, dijo Soto Villanueva en declaraciones escritas.

“Le damos la bienvenida a cualquier investigación. Respeto y valoro la objetividad de la Oficina de Ética y otras entidades. La Legislatura Municipal ha actuado conforme a derecho. Lo que es un hecho es que yo tengo un sueldo menor, que no tengo carros oficiales, que no tengo chofer, ni celular del municipio, y mucho menos tarjeta de crédito pagada con fondos públicos. Por ser un caso que ya está en investigación y para mantener la pureza del mismo, no emitiré más comentarios”, agregó.

Vargas, quien obtuvo la información sobre el salario de Soto Villanueva a través de una entrevista periodística televisada, discrepó de la interpretación legal que presentó la alcaldesa.

“La posición se asume desde que se toma juramento. No antes. Una cosa es cuando los delegados de un partido seleccionan a su presidente y otra es cuando el funcionario juramenta”, argumentó el senador.

Destacó que el Artículo 3 de la Ley 69 incluye unas disposiciones transitorias que establecen que el nuevo salario base entrará en vigor a partir del segundo lunes de enero del 2017. Pero, de igual forma, prohíbe que el salario base de cualquier incumbente que llegue antes de esa fecha por motivo de la renuncia, muerte, destitución, o la incapacidad total y permanente de un alcalde sea mayor al que dispone el nuevo estatuto.