Ponce.- Por no tener acceso a datos concretos sobre qué cambios traería la reforma contributiva, la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) se declararon imposibilitados en respaldar una transición a un sistema basado en un modelo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

“En estos momentos, no podemos decir que apoyamos un IVA”, indicó Jaime Cañellas, pasado presidente de la Cámara de Comercio, al deponer ante la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo, que lidera el presidente cameral, Jaime Perelló.

“Lo que hay que hacer aquí es que nos den el bendito estudio de KPMG. ¿Cuál es el problema con entregar el estudio?”, cuestionó en referencia a la negativa del Ejecutivo a brindar acceso al documento sobre la reforma contributiva que le comisionó – con fondos públicos – a esa firma de consultoría.

“Entiendo los reclamos sobre el estudio. Pero KPMG no tiene ningún representante electo, no es el que va a aprobar la reforma contributiva”, ripostó Perelló, al tiempo que invitó a los deponentes a aprovechar la oportunidad de nutrir la discusión pública, incluso antes de que el proyecto de ley esté en manos del cuerpo que preside.

  “Vemos como positivo movernos a un sistema que tribute más el consumo y menos el ingreso, pero hasta que no veamos el proyecto final tendremos nuestras dudas”, declaró, por su parte, Ricky Castro, presidente de MIDA, durante la vista pública celebrada en el Teatro Antonio Paoli en la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce.

Además, urgió a acompañar la reforma tributaria con medidas concretas de control de gasto público, para evitar que se profundice más la crisis de la deuda, cuyo repago desangra las arcas públicas.

Como ejemplo, tanto Castro como el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, plantearon que el IVU – a pesar de que no se reporta al 100% - ha duplicado el ingreso al erario de $600 millones a $,1200 millones desde 2006, pero no se ha logrado bajar el monto de la deuda.

A eso se sumó el impuesto de 4% a las corporaciones foráneas, que allega casi $2,000 millones nuevos, según los datos provistos por MIDA. Sin embargo, en esos ocho años se ha agravado el déficit y el endeudamiento público a niveles, que según los deponentes, son insostenibles.

  “Tenemos que admitir que la deuda es inmanejable y tiene que ser reestructurada. No debemos salir corriendo en un proceso de reforma contributiva con el pago de la deuda como principal objetivo”, sentenció Castro.

“Solo con incrementos en producción y competitividad saldremos de esta espiral destructiva”, agregó el líder empresarial.

Con esta postura de disciplina fiscal coincidió la CCPR.

“La reforma debe incluir un mandato para que el presupuesto del gobierno central se reduzca 20% en cinco años”, planteó Cañellas, al citar la ponencia firmada por el presidente actual de la CCPR, José Miguel Izquierdo.

Por su parte, Ramón A. Pérez Blanco, presidente del Comité de Legislación de la Asociación de Productos de Puerto Rico, recomendó que cualquier variante de la reforma sea integral y redunde en reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico, a la vez que limita la evasión y simplifica el cumplimiento.

“Cualquier cambio al sistema contributivo que afecte el flujo de efectivo de nuestros miembros debe ser implementado de forma cautelosa y preferiblemente en fases”, recomendó.

Sobre este punto, Perelló anticipó que proyecta que la fase de implementación tome “por lo menos 18 meses” y que vaya acompañada por planes de ahorro público de hasta cinco años.

“Hemos pensado en cómo garantizamos una estabilidad para que este sistema contributivo funcione y logre trascender cambios políticos”, agregó el presidente cameral.

“Siempre en la marcha surgen cosas que cambian los muñequitos”, advirtió Pérez Blanco. Sin embargo, se expresó optimista en que “si al final del camino la matemática funciona, el sector comercial pueda apoyar la reforma e incluso servir como su defensor en caso de que en el próximo cuatrienio haya intenciones de revertir a viejos sistemas.

 Entretanto, ante la posibilidad que el IVA se imponga sobre el precio de los alimentos, MIDA hizo hincapié en su oposición.

 “No nos parece sensato de parte del Gobierno incluir los alimentos en el IVA, como si se tratara de cualquier otro artículo de consumo”, indicó Castro.

“Sin con un IVU de 7% se entendió prudente eximirlos, cómo es que con un IVA de 16% se piensa que es mejor otorgar un crédito”, se cuestionó en la ponencia de MIDA.

 Este martes, también depusieron Rafael Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Hipólito Avilés, presidente de CineCoop, el presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José “Pepe” Méndez, y el presidente de la Universidad Interamericana, Antonio Fernós, entre otros.