La comisionada de la Policía, Michelle Hernández, reiteró hoy que el representante Ramón L. Rodríguez Ruiz fue involucrado en una querella de violación a la Ley 54 de violencia doméstica.

En entrevista en WKAQ, a la comisionada se le preguntó por el proceso general para investigar un caso de violencia de género cuando una víctima va al hospital, y luego se le cuestionó si tenía algo relacionado al legislador. A esto la funcionaria dijo: “Lo único que nosotros tuvimos fue la intervención inicial, que se hizo una querella y se hizo el procedimiento que se hace… básicamente una persona se acercó a la policía diciendo lo que había ocurrido y esto inicio el proceso de querella dentro de la Policía de Puerto Rico, y el proceso que se hace luego que la querella se origina”.

 “Nosotros básicamente lo que presentamos fue la declaración que hizo la persona en este momento”, dijo Hernández.

¿Y esa declaración involucra al legislador?, se le preguntó.

“Basado en lo que la querellante manifestó, sí”, dijo la comisionada.

¿En la primera querella esta persona identifica al legislador?

“Lo menciona”, respondió.

Dijo que los hallazgos de la investigación policiaca fueron referidas  al Departamento de Justicia.

Rodríguez Ruiz y una mujer que ayer públicamente apareció en una conferencia de prensa del legislador y que alega ser la víctima en este caso negaron cualquier agresión por parte del representante. La mujer Soniel Torres Suárez alega que fue otra persona la que cometió la agresión.

Actualmente el Departamento de Justicia investiga al representante por este incidente, y se alega que en medio de esa pesquisa se han detectado otras ilegalidades, como que Rodríguez Ruiz le ha exigido a empleados de su oficina que le entreguen parte de su sueldo; así como  qu7e se ha registrado en sus expedientes en la Oficina del Contralor Electoral al menos un donativo de una persona que alega que no hizo el mismo.

Numerosas figuras le han pedido la renuncia al representante, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló, quien dijo que debe dejar el cargo si no da explicaciones claras de las irregularidades que se le imputan.