El portavoz de Puerto Rico por la Familia, César A. Vázquez Muñiz, repudió este jueves que la administración de Alejandro García Padilla, a través de la Procuraduría General, haya intervenido ante el Tribunal Supremo a favor de una lesbiana que busca adoptar a la hija biológica de su compañera.

“Lo más prominente ahora es la obsesión de nuestro Gobernador en eliminar los vestigios de trato desigual a base de sexo, orientación sexual o género en nuestro ordenamiento y atemperar el ordenamiento jurídico al mandato de igualdad e igual trato dispuesto en la Constitución. Todo eso significa que va a usar todo el aparato de gobierno para endilgarle al pueblo estas conductas que la mayoría rechaza”, expresó por escrito Vázquez Muñiz.

De esta manera, el médico de profesión reaccionó a lo planteado por García Padilla en la víspera de que la orientación sexual de los padres o madres no debe ser un criterio a tomar en consideración en los procesos de adopción.

Según Vázquez Muñiz, las leyes de adopción “no discriminan respecto a sexo”, pues “tratan a la mujer igual que al hombre”.

“Sobre el trato desigual, los puertorriqueños piensan que dos hombres o dos mujeres no es lo mismo que un hombre y una mujer. Señor Gobernador ¡no es lo mismo! Ese es precisamente el asunto en controversia”, planteó.

Vázquez Muñiz también arremetió contra los jueces asociados del Tribunal Supremo, quienes entiende no están facultados para decidir controversias a base del criterio propio.

“¿Qué nos queda? Nos quedan cinco, tal vez seis, a lo sumo siete jueces del Supremo con vergüenza. Saben que fueron nombrados para interpretar la ley establecida por la Legislatura, no para imponer su particular visión desde el estrado. Hacer esto último es violentar la separación de poderes y traicionar su juramento. Es imponer su criterio personal por encima de aquellos que fueron electos para representar al pueblo. ¿Qué importa lo que diga el ejecutivo? La ley la establece el legislativo y dado que la adopción no es un derecho constitucional fundamental el criterio apropiado es el racional”, expuso.

El pasado 12 de febrero, en una decisión 5-4, el Tribunal Supremo resolvió que Ángeles Acosta no podía adoptar a la adolescente hija de su pareja, Carmen Milagros Vélez Vega, sin que esta pierda el vínculo jurídico con la madre biológica.

La pareja pidió reconsideración y este martes la procuradora general, Margarita Mercado, presentó una moción informativa en la que reseña el cambio en la política pública del Gobierno y pide un término para argumentar en sus méritos la inconstitucionalidad del artículo del Código Civil sobre adopción que está en controversia.

Al defender el proceder de Mercado, el gobernador Alejandro García Padilla expresó este miércoles que “a la hora de adoptar, lo único en consideración tiene que ser el mejor interés del niño o la niña que se va a adoptar... Qué sucede en la habitación, en lo privado, en lo íntimo de la vida de una persona, no puede ser la discusión cuando estamos hablando del interés de un menor”.