Tras años de lucha y ver su comunidad reducirse por el desalojo y la expropiación, la comunidad especial Vietnam, en Guaynabo, ahora identifica como una nueva amenaza la recién firmada Ley 991 que otorga más poderes a los alcaldes para agilizar el proceso de declarar estorbos públicos y expropiar forzosamente. 

Aunque la exposición de motivos señala que el proyecto busca atender el abandono de propiedades en los cascos urbanos de los municipios, provocado por la crisis económica y la constante migración, los residentes de Vietnam desconfían basado en su experiencia y la de otras comunidades de escasos recursos económicos. 

Y es que la Ley, según explicó el Gobernador, provee a los municipios las “herramientas para ser más eficientes y enfrentar los retos fiscales”. La comunidad teme que bajo la premisa de desarrollo económico, el municipio de Guaynabo quiera continuar adelante con su intención de desarrollar un proyecto turístico y comercial en el único frente marítimo que tiene el municipio.

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“Ellos dicen que (la ley) es para aplicarla en viviendas no habitables y yo digo que eso es una vil mentira, que es para expropiar”, afirmó José Rivera, quien se dedica a la pesca como muchos de los que fueron a vivir a Vietnam en sus orígenes, para la década del 50 y 60, cuando el área era mangle que las personas cortaron y rellenaron.

Disminuye la comunidad

La comunidad tenía más de 750 casas a principios del año 2000, pero actualmente hay unas 260, de acuerdo con el líder comunitario Alfonso Lugo Parrilla (“Fantasy”). Mencionó que, durante la administración del exalcalde Héctor O’Neill, una verja de zinc o un muro sin pintar era suficiente para que las máquinas llegaran a demoler las casas. 

Así fue como Víctor Torres (Panuco), de 61 años, perdió su casa cuando solo le faltaban cinco años del pago de la hipoteca. Una vecina, mediante llamada telefónica, lo alertó de que le estaban “tumbando la casa”. Torres consiguió volver a establecerse en la comunidad porque “yo llegué aquí en el 62 y aquí me quedo”.

Para Lugo Parrilla, la presión y marginación del gobierno municipal durante 15 años como la falta de servicio de recogido de basura, salideros sin atender, postes de luz a punto de caer y polvo fugitivo suelto producto de las demoliciones, llevaron a algunos a entregar sus casas a través de arreglos económicos.

“Los que se fueron están locos por volver. Esas familias quieren que el dinero que el municipio les debe, se les aporte a un fideicomiso para comprar los terrenos y volver a hacer sus casitas”, manifestó Lugo Parrilla. 

Reacciona el alcalde Ángel Pérez

El alcalde Ángel Pérez aseguró que respetará la comunidad de Vietnam, así como otras comunidades especiales que fueron presionadas al desalojo y expropiación. Declaró que promoverá el diálogo en busca de alternativas que permitan mejorar el entorno. 

Pérez dijo que espera poderse reunir y llegar a consenso sobre algún proyecto que sea de beneficio para todos, que mejore la infraestructura y la comunidad.

“En este momento queda todo detenido porque creo que hay que hay mejorar la infraestructura, pero no creo en el atropello”, afirmó Pérez. 

“Yo creo en el diálogo y la consulta, no voy a entrar a una comunidad sin consultar. No voy a hacerlo de esa forma. Mi administración va a ser honesta, transparente y de diálogo y eso (las expropiaciones forzosas) no va a pasar.