Cuando el gobierno de Ricardo Rosselló comience funciones en enero, no solo tendrá que trabajar con una insuficiencia enorme de efectivo y con el fin de la moratoria en el pago de deudas, sino que también deberá buscar un programa de contabilidad actualizado que integre todos los fondos que reciben las 120 agencias.

A ese esfuerzo le debe sumar la captación de impuestos, si quiere mantener un mejor control de las finanzas públicas.

Ese fue el consejo del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien afirmó que la evasión no solo se da en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), sino que incluye las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y hasta asuntos más abarcadores como el petróleo.

“Hay que profesionalizar el Departamento de Hacienda... (porque) hay un problema de captación en todos los impuestos”, declaró el funcionario durante las vistas de transición. 

Por otro lado, le llovieron las críticas a Zaragoza y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, cuando informaron que en el presupuesto de este año se separaron $12 millones para asegurar que a los empleados de confianza se les garantizaba el pago de su liquidación. El equipo de transición entrante preguntó por qué no se usaban esos fondos para pagar los reintegros que se deben.

Según Zaragoza, la cifra adeudada por concepto de reintegro es de $140 millones y espera reducirla a unos $20 millones para el 31 de diciembre. La respuesta al planteamiento es que el pago a los empleados de confianza se trata de un asunto que por ley debe cumplirse.

Mientras, la disputa sobre el déficit real que enfrenta el gobierno de Puerto Rico continuó ayer.  

 Por un lado, la administración saliente indicó que el gobierno entrante confunde términos y números, pero independientemente se trata de “mucho dinero”, y tienen que decir desde ahora cómo van a trabajar la situación, concedió Víctor Suárez.

“El gobernador electo nos tiene que decir si va a seguir recortando gastos en los sectores donde hay para recortar gastos ahora: pensionados, tarjeta de salud, UPR y despidos de servidores públicos o va a reestructurar la deuda. Él tiene que escoger entre la gente y los acreedores”, declaró Suárez en rueda de prensa posterior a las vistas.

Elías Sánchez, presidente del comité de transición del gobierno entrante expuso que es importante tener las cifras exactas porque estos detalles inciden en la credibilidad del pueblo en el gobierno y porque “no queremos llegar a partir de enero para descubrir algo distinto”. 

Del total de gastos que se redujeron desde el 2014, Zaragoza estimó que en nómina de empleados públicos el recorte fue de $523 millones. También se redujo el gasto en servicios profesionales contratados de $137 millones en el 2014 a $69 millones en el 2016. Los servicios comprados, que se refieren al gasto en hogares para envejecientes y menores, así como la comida a la población penal, entre otros, se redujo de $327,268 en 2014 a $265,575 en el 2016.

Mientras, se proyecta que el défict en el Departamento de Educación al final de este año fiscal sea de $49 millones, pero el secretario de Hacienda afirmó que “se va a corregir con sobrantes de otras agencias”, aunque no detalló.  

Las vistas continúan hoy con el Departamento del Trabajo, la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Recursos Laborales y Administración de Recursos Humanos (OCALARH) y la Autoridad de Puertos.