Revisarán leyes que permiten extinguir sentencias en libre comunidad

Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com 02/17/2014 | 11:23 a.m.
Actualmente hay unos 12,500 confinados adultos, un poco menos de 400 juveniles y aproximadamente 8 mil personas que están cumpliendo sus sentencias en la libre comunidad. (Archivo)  
La idea es que los presos que cumplen cárcel por delitos menos graves o que están listos para su reinserción a la sociedad, puedan recibir tratamiento en la libre comunidad.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, José Negrón Fernández le encomendó al exjefe de la agencia, Víctor Rivera González un estudio de todas las leyes y reglamentos que regulan los programas mediante los cuales los convictos de delito puedan extinguir sus sentencias en la libre comunidad.

Negrón Fernández dijo que la idea es que los presos que cumplen cárcel por delitos menos graves o aquellos que ya están listos para su reinserción a la sociedad, puedan recibir tratamiento en la libre comunidad.

 El funcionario dijo que la propuesta va acorde con la política salubrista que promueve el gobernador Alejandro García Padilla y podría redundar en un ahorro para el sistema correccional.

Negrón Fernández explicó que actualmente hay unos 12,500 confinados adultos, un poco menos de 400 juveniles y aproximadamente 8 mil personas que están cumpliendo sus sentencias en la libre comunidad.

Especificó que un confinado le cuesta anualmente al sistema entre $31,000 y $33,000. Indicó que si los presos sufren de condiciones de salud como hepatitis “C”, HIV y otras enfermedades, el costo podría ser mayor.

Dijo que Rivera González debe someterle un informe con recomendaciones para determinar si los reglamentos internos son compatibles con las leyes, de manera que ambos respondan a una política pública salubrista. “La idea es que aquellos que no tengan que estar presos poderlos rehabilitar y darles tratamiento en la libre comunidad”, indicó el Secretario de Corrección.

Rivera González tiene un plazo de cuatro meses para rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones. El contrato es de cuatro meses a razón de $2,500 mensuales, que son sufragados con una propuesta de fondos federales.

“Él va a identificar, por ejemplo, si este reglamento no es compatible con esta ley o si aún cuando sean compatibles hay que enmendarlos de tal manera para que respondan a la política pública salubrista. Básicamente lo que no queremos es mantener a una persona presa que no necesariamente tiene que estar presa o que la naturaleza del delito no lo justifica o porque la persona ya se rehabilitó y está listo para empezar un proceso de reinserción en la libre comunidad”, sostuvo Negrón Fernández.

El ex juez dijo que mediante el informe estará “en posición” de sugerirle a La Fortaleza posibles proyectos de enmiendas a leyes actuales y de reglamentos internos del Departamento de Corrección. “Voy a estar en posición de decirles a mis compañeros jefes de agencias, como el Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía de cómo enmendar reglamentos internos de esas agencias para que todos promuevan esa política pública salubrista que es lo que el gobernador promueve”, indicó el funcionario.

Incluso añadió que podrían surgir enmiendas a las reglas de Procedimiento Criminal.

Reconoció que la propuesta sería efectiva si el número de confinados que podrían ubicar en programas de rehabilitación en la libre comunidad sea suficiente que le permita al sistema cerrar alguna institución penal. “Pero aún cuando eso no se logre, sí le vamos a estar cambiando la vida a un ciudadano que no lo queremos tener preso más tiempo de la cuenta”, acentuó Negrón Fernández.

Rivera González, quien también fue juez superior, fue el primer secretario de Corrección de 2001 a 2003, durante la administración de la gobernadora Sila M. Calderón .