El gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer dos medidas que permitirán pagar parte del compromiso con las obligaciones generales.

La primera será transferir a un fideicomiso $146 millones del fondo del claw back depositado en el Banco Popular.

Según el Gobernador, este dinero estaba “atrapado” y “no tenía ningún uso para el Gobierno”, por lo que se le otorgará “a aquellos que invirtieron en Puerto Rico” como parte de su política de cumplimiento con los acreedores.

En segundo lugar, el Gobernador anunció que estará pagando $1.3 millones de intereses de las Obligaciones Generales que se dejaron de pagar el pasado 1 de febrero. 

Acompañado del presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses, el primer mandatario llegó al salón en el hotel Sheraton en San Juan, donde se llevó a cabo la conferencia “Del plan a la acción, con el Gobernador somos uno” como parte del “Caucus con el Gobierno” organizado por la AIPR.

“Yo quiero ser uno con ustedes también”, dijo Rosselló a la audiencia luego de repasar las medidas aprobadas durante sus primeros cuarenta días de mandato y que incluyen la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que provocó senda manifestación a las afueras del hotel.

Rosselló aseguró que seguirán identificando fondos que le permitan cumplir con el pago de la deuda “dando prioridad a los servicios esenciales”, aunque el Gobierno aún no ha definido cuáles serán los servicios que entrarán en esa categoría.

El Gobernador aprovechó para distinguir su “ley de cumplimiento” de la ley de moratoria de Alejandro García Padilla.

“Estas acciones denotan el cambio significativo de política pública de nuestra administración, restableciendo la credibilidad en Puerto Rico”, añadió.