El gobernador Ricardo Rosselló presentó anoche el nuevo plan fiscal del gobierno, en el que se destacan aspectos como el impacto económico que supondrá la aportación de miles de millones de dólares de fondos de alivio de desastre tras la devastación causada por los huracanes Irma y María.

El nuevo plan, que proyecta los ingresos del gobierno hasta el 2022, integra $35,300 millones que recibirá Puerto Rico a través del Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), así como $21,900 millones que se esperan por el cobro de seguros, para un monto de $57,200 millones en fondos relacionados al desastre. 

El gobernador aclaró que en esta proyección fiscal solo se incluyen aquellos fondos que ya están legislados y no los que podrían llegar en asignaciones posteriores. 

No obstante, el plan fiscal también contempla situaciones negativas como es el efecto del decrecimiento poblacional y un déficit de entre $2,000 a 2,500 millones. 

Rosselló detalló que fue necesario cambiar el plan fiscal porque “Puerto Rico sufrió una devastación de enormes proporciones”.

“Hay modelos que evalúan que este tipo de huracán pasa de cada 250 a 1,000 años”, indicó el gobernador, agregando que también “había ya una recesión en Puerto Rico”, combinación que llevó a un cambio en los parámetros básicos de un plan fiscal.

“Además del impacto fiscal y económico”, repasó Rosselló, el desastre de los huracanes significó “un impacto social significativo, por el éxodo y el decrecimiento poblacional que se ha tenido en Puerto Rico y se espera tener de cara hacia el futuro”. 

“Ante la devastación y la destrucción, otro concepto importante que cambia en este plan fiscal es que no tan solo estamos viendo las medidas, antes se veía las medidas fiscales y era solo un esfuerzo hasta llegar a los recortes y ver cuándo se tenía que recortar. Ahora como hay un elemento de transformación, hay un elemento de reconstrucción, estamos incluyendo las medidas estructurales que tendrían un impacto en la economía. Y que, ese impacto, si lo anticipamos, como una trasformación retroalimentan lo que sería nuestra base económica”, explicó Rosselló sobre la novedad relacionada a la reconstrucción. 

El nuevo plan fiscal refleja una proyección de decrecimiento económico de 11.2% para el año fiscal 2018, pero refleja crecimientos de 7.6%, 2.4%, 1.8% y 1.5% para los años fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 

El plan fiscal incluye también elementos de reforma fiscal e incentivos contributivos, reformas regulatorias, reformas sociales y laborales. También incorpora la anunciada reforma al sistema energético, así como el rediseño del gobierno con la consolidación de agencias, además de una reforma para impulsar los servicios digitales en las gestiones gubernamentales y una mayor transparencia. 

“Hay una serie de iniciativas de transformación del gobierno que queremos llevar a cabo. La primera es el nuevo gobierno, la consolidación, eliminación y externalización de agencias y una serie de iniciativas que van dirigidas a reducir lo que sería el gasto fiscal”, detalló.

Además se contempla una reducción de subsidios y apropiaciones que afectará a la Universidad de Puerto Rico y los municipios, aunque en un espacio de cinco años en lugar de en dos años como planteaba el plan fiscal anterior.

Asimismo, habría una reforma significativa en el plan de salud del gobierno, que comenzaría en $49 millones hasta llegar a $795 millones en el 2022. Sin embargo, Rosselló afirmó que no contemplaban la expulsión de participantes del programa de la reforma. 

El plan fiscal apuesta a que el gobierno ganaría más ingresos a través de sus reformas fiscal y de regulaciones. 

Rosselló adelantó que planean reducir (inicialmente a la mitad) y eventualmente eliminar el impuesto Business to Business, y reducir a 7.5% el IVU en los negocios de venta de comida preparadas. 

También planea reintroducir el crédito por trabajo para impulsar una mayor participación laboral. 

“Eso le cuesta unos $220 millones al gobierno, pero a lo largo del tiempo va a mejorar la fuerza laboral y va a incentivar a muchos a trabajar. También va a mitigar la economía informal. Es una inversión positiva a largo plazo”, detalló el gobernador, explicando que “el problema de tasa de participación laboral en Puerto Rico es crónico y severo”.

“Y si eso no se mejora, va a coger un pon ahora con los créditos, pero luego va a volver a lo mismo. Queremos mejorar eso. Es una reforma estructural que aspira a seguir subiendo la tasa de participación laboral. Puerto Rico está entre las peores tasas de participación laboral del mundo, literalmente estamos con Gaza y Bostwana. Si no se hace eso, vamos a tener una población sin empleo y sin buscar empleo”, afirmó.