La Fortaleza. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy su compromiso de “combatir la corrupción” de su administración tras el referido de Justicia al ex administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG) por alegado fraude durante la emergencia.

En la tarde de hoy, Wanda Vázquez Garced le informó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) que inició una investigación contra Miguel A. Encarnación Correa por posible comisión de delito.

“Reafirmamos que cualquier funcionario que le falle al Pueblo será encausado y le aplicaremos todo el peso de la ley”, expresó el primer mandatario en declaraciones escritas, mientras insistía su “cero tolerancia contra cualquier situación que lacere la imagen de pulcritud y transparencia que tiene que tener el gobierno”.

Según Justicia, evaluarán alegaciones de posible conducta impropia, antiética e ilegal que se desprende de denuncias de empleados que afirmaron haber realizado gestiones para comprar generadores eléctricos para trabajadores de la ASG.

“Seguiremos buscando medidas para atajar la corrupción gubernamental. Hoy, tenemos un Código Anticorrupción según le prometí al Pueblo. Dicho Código integra todas las leyes especiales anticorrupción que además viabiliza que se les reclame a los funcionarios que le fallan al Pueblo que restituyan tres veces la cantidad monetaria que sus acciones le costaron al erario. Además, dicho Código excluye del beneficio de sentencia suspendida o probatoria a convictos de delitos contra los fondos públicos”, recordó Rosselló Nevares.

El gobernador agradeció el trabajo realizado por el Departamento de Justicia y destacó que bajo su administración “el Pueblo no ha tenido que descansar solamente en las autoridades federales pues hemos encausado a nivel estatal los casos de corrupción gubernamental sin contemplaciones”.

En su cuatrienio las diversas agencias han develado irregularidades como el chat de Whatsapp por el cual renunciaron el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz; la subsecretaria de la Gobernación, Itza García; el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; y la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.

Asimismo, han renunciado por diversas imputaciones, como acosos sexuales: el jefe de escoltas del gobernador, Ángel Meléndez; el director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo. Además de los legisladores Ramón Rodríguez Ruiz y Samuel Pagán. 

“Esta Administración en febrero de 2017 firmó un acuerdo histórico con las autoridades federales para trabajar casos de corrupción gubernamental uniendo esfuerzos lo que nos hace más efectivos. De igual forma, con la Ley 27 de 2017 enmendamos el Código Penal para subir la pena a 15 años del delito de apropiación ilegal de fondos públicos luego de que la pasada administración lo redujera a 8 años", sostuvo Rosselló Nevares.