El gobernador Ricardo Rosselló radicó hoy una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para pedir al tribunal que emita un fallo para poner fin “a los intentos infructuosos de la Junta de Supervisión de usurpar los poderes políticos y gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el derecho a autogobernarse”.

La demanda es parte de un esfuerzo para determinar cuál presupuesto estará usando la Isla, entre el radicado por la Legislatura, que firmó y asume como legítimo el gobernador, y el que radicó la JSF bajo lo que considera son poderes que le otorga la Ley Promesa, y que entiende es el que tiene que usarse.

Relacionadas

Agrega la demanda que “los esfuerzos de la Junta exceden sus poderes y deben ser limitados por el tribunal”. Insiste que la Ley Promesa, bajo la cual se crea la JSF, “le preserva al Gobierno el poder político y gubernamental para tomar decisiones”, y que le “otorga a la Junta de Supervisión el poder de hacer ‘recomendaciones’ al gobierno en una amplia variedad de asuntos”.

También resalta que Promesa tiene un “principio consistente” de que la “Junta de Supervisión no puede imponer sus preferencias de políticas al Gobierno ni para el Estados Libre Asociado ni para instrumentalidades individuales”.

“Específicamente, la Junta de Supervisión no puede hacer lo que está intentando hacer: imponer reducciones obligatorias de la fuerza laboral, cambiar los roles y responsabilidades de ciertos funcionarios gubernamentales, criminalizar ciertos actos bajo las leyes de Puerto Rico o intentar microadministrar el gobierno de Puerto Rico”, añade la demanda.

La demanda pide una declaración que establezca los límites de la JSF, así como un cese y desista de continuar tratando de extralimitarse en dichos poderes.