El gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy que el presupuesto que firmó, y que está en funciones actualmente a través de todo el gobierno, es el que aprobó la Legislatura, y no el que sometió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El presupuesto en el que estampé mi firma es el presupuesto que radicó la Legislatura. El presupuesto que firmé es el que está vigente, y es el presupuesto que aprobó la Legislatura”, afirmó el gobernador en declaraciones ofrecidas durante la ceremonia de inauguración del Distrito de Cine de Puerto Rico, cerca del Centro de Convenciones.

No obstante, el gobernador admitió que su firma en el presupuesto de la Legislatura podría terminar siendo “un acto simbólico”, porque el leguaje de la Ley PROMESA es claro en que de no haber acuerdo entre el gobierno y la JSF en el tema de presupuesto, prevalece la palabra de la Junta.

“Para mí esto sería razonable si se hubiera actuado en favor del pueblo de Puerto Rico, pero lamentablemente puede que sea como un acto simbólico”, agregó el primer mandatario, señalando que “los que tomaron las decisiones, tendrán que responder por eso”.

Aun así, Rosselló dijo que mantiene la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre las partes. Pero, afirmó, si no se consigue un acuerdo, está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en los tribunales.

Al cierre de la sesión ordinaria de la Legislatura, tarde el sábado, ese cuerpo sometió un presupuesto sin llegar a un acuerdo con el Ejecutivo que impulsaba una propuesta de la Junta que incluía la eliminación de la Ley 80 de protección contra el despido injustificado, bajo el argumento que preservaba otros derechos laborales. Casi al mismo tiempo, la JSF sometió su propuesta de plan fiscal.

“Como gobernador, seguiré buscando las mejores opciones para Puerto Rico”, añadió Rosselló, haciendo un llamado “a la prudencia, a la razonabilidad” para lograr un acuerdo.

Admitió, sin embargo, que no ha tenido conversaciones ni con la JSF ni con el liderato del Senado, que fue el cuerpo donde la propuesta de eliminación de la Ley 80 encontró mayor oposición.

Rosselló reiteró que siempre había anticipado la posibilidad de que la controversia por el presupuesto llegara a “una vía de largos litigios” si no se lograba un pacto.

A la pregunta de por qué ir a los tribunales si él mismo reconocía que el lenguaje de PROMESA favorece a la JSF, el gobernador respondió que “no se puede preadjudicar lo que decidirá el tribunal”, en particular porque “PROMESA es una ley nueva. No hay nada igual. Por tanto, es algo que se va a estar viendo en las cortes”.