Al cierre de la jornada de reuniones de esta semana, el gobernador Alejandro García Padilla se adjudicó hoy, jueves, haber logrado un consenso con amplios sectores políticos y empresariales en la necesidad de reclamar “la reestructuración de la deuda, una moratoria a los litigios de los acreedores, medidas para crecer la economía y en una junta que no vaya por encima de la democracia puertorriqueña y que respete la autonomía”.

Reconoció, sin embargo, que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) no se unirá al frente común que acudirá con él al Congreso a cabildear por los cuatro puntos de consenso y que el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) consultará ese paso con su comisión política. 

“Hasta ahora, todas las reuniones que he tenido han sido exitosas. Por primera vez, por lo menos en los 44 años de vida que tengo, hay un esfuerzo como este”, declaró García Padilla ante los periodistas esta tarde en La Fortaleza. 

Indicó que si el aspirante novoprogresista Ricardo Rosselló “recapacitara” y decide unirse al movimiento, le abrirá espacio en su agenda. “No se le reprocha ser el único que ha declinado a esta unión por Puerto Rico”, sostuvo.

El gobernador indicó que le va a comunicar oficialmente al congresista Robert Bishop, autor del borrador del proyecto de la junta de control fiscal, sobre el resultado de las rondas de diálogo, una vez se reúna la semana próxima con los representantes de varios sindicatos.

García Padilla también mencionó que la candidata a la gobernación por el PIP, María de Lourdes Santiago, le planteó que el concepto de democracia no existe en el Estado Libre Asociado (ELA).

“Yo le dije que esa democracia que dice que no existe la eligió a ella senadora”, dijo como reacción. 

Añadió que “el PIP es un ejemplo de que en Puerto Rico existe democracia”, sostuvo García Padilla, quien se reunió en horas de la mañana con Santiago.

El PIP exige que se incluya el status

Santiago ya había anticipado en la mañana que la colectividad que representa no se uniría al frente común porque entre los puntos de consenso establecidos por el gobernador no incluían como prioridad el tema del status político del país. 

“El PIP no va acudir en actitud de súplica a Washington. Este es el momento histórico para la confrontación en Estados Unidos. El PIP no es un mendigo”, sostuvo la senadora tras el encuentro, el que calificó de gentil y franco. 

La senadora dijo que le insistió al gobernador que el PIP no va a participar “de ningún esfuerzo conjunto” en el que no esté como punto prioritario la exigencia de un proceso de descolonización que eventualmente conduzca a una votación entre alternativas no coloniales y no territoriales.

“Si quisiéramos hablar de un frente común descolonizador, la actitud de Estados Unidos fuera otra. Los americanos saben cuál es la postura del PIP”, sentenció para agregar que “el cabildeo a veces resulta mediático, para que retraten a uno en las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos”

Aunque en principio, la legisladora indicó que el PIP no disentía de los cuatro puntos del consenso, luego estableció que la colectividad rechazaba en su totalidad la propuesta junta federal de control fiscal.

Se une el sector privado

Mientras tanto, líderes de organizaciones de la industria y el comercio y de otros sectores no gubernamentales que conforman la Coalición del Sector Privado se unieron a la convocatoria del gobernador y dijeron que acompañarán a los integrantes del frente común en los viajes que realicen a Washington.

“Antes íbamos solitos (a Washington) y ahora parece que vamos juntitos”, dijo el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rivera Vélez. Este indicó que la Coalición lleva meses cabildeando a favor de Puerto Rico en el Congreso federal y estimó que sus portavoces han realizado “más de 80 visitas” a congresistas y asesores.

 “Los contratistas y los constructores estamos apoyando 100 por ciento los cuatro puntos que el gobernador trae a la mesa”, concedió por su parte el presidente de la Asociación de Constructores, Ricardo Álvarez Díaz.

El presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Ramón Pérez Blanco, detalló que su grupo acordó activarse en los esfuerzos de cabildeo con los legisladores y asesores “y el gobernador se comprometió a incorporarnos en las visitas a Washington”.

Otro líder empresarial, José Vázquez Barquet, presidente de la Cámara de Comercio, consideró que el primer borrador del proyecto congresional le reservaba “poderes excesivos” a la propuesta junta federal que causaron “preocupación”.

A su vez, la presidenta de la Asociación de Contadores Públicos, Zulmarie Urrutia, catalogó la propuesta junta federal de control fiscal como “un mal necesario” y lamentó que el diálogo con el Ejecutivo “haya sido tan tarde”.

Mientras tanto, la presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Constructores de América, Neyssa Varela, opinó que el plan de desarrollo económico que se establezca desde el Congreso debe incluir proyectos de infraestructura que actualmente están detenidos en la Isla.