Ante las dudas respecto a si se ha cumplido con la ley que hace obligatoria la mediación en casos de ejecución hipotecaria, el senador Jorge Suárez Cáceres señaló este martes que se propone someter legislación para reforzar el estatuto y establecer claramente el carácter compulsorio de ese proceso cuando se trata de una vivienda principal. 

Suárez Cáceres, presidente de la Comisión senatorial de Vivienda y Comunidades Sostenibles, cuestionó si, antes de ejecutar una propiedad, las instituciones financieras y cooperativas realmente han puesto a disposición de los deudores todas las alternativas que tienen disponibles, incluido el proceso de mediación al que obliga la Ley 184-2012 como un mecanismo que permita llegar a un acuerdo que evite que el deudor pierda su vivienda.

Según el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), la referida ley no es clara en su texto, y deja a discreción de los jueces si refieren o no a mediación un caso de ejecución hipotecaria. 

“Estamos verificando si, en realidad, la banca hipotecaria, cuando llega el momento de un ‘foreclosure’ (la ejecución) y la reposesión de una propiedad, le dan la opción al cliente de la mediación”, manifestó Suárez Cáceres tras una vista pública en la que se evaluó, entre otras cosas, cuántas personas han participado en los procesos de mediación que dispone la ley.

“Mi enmienda pretende que sea obligatorio, que la primera opción sea la mediación. Ahora mismo, se queda a discreción del juez decidir si va a acatar o no lo mediación. No los obliga”, abundó.

La ley para la mediación compulsoria en los casos de ejecuciones hipotecarias establece que “será deber del tribunal, en los casos que considere necesarios”, referir el pleito a un proceso de mediación luego que la parte deudora haya contestado la demanda del acreedor hipotecario y antes de que inicie el proceso judicial.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que estuvo a cargo de preparar el reglamento, aseguró durante la vista que se le ha dado cumplimiento a la Ley 184, y a modo de ejemplo, la licenciada Evangelina Valentín dijo que han orientado sobre la normativa a los consumidores, a los jueces y juezas y a los abogados. 

Precisó que, desde que se aprobó la ley en 2012, más de 300 togados han sido adiestrados sobre el tema de las ejecuciones hipotecarias.

Según cifras del Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, durante el año fiscal 2013-2014, un total de 1,652 casos fueron referidos a mediación por disposición de la Ley 184, y de esa cifra, 286 fueron orientados, pero resultaron inelegibles pues no cumplían ciertos requisitos del programa. En total, 1,366 casos fueron aceptados, y de esos, 477 fueron archivados debido a la ausencia o desistimiento de cualquiera de las partes, 201 completaron el proceso sin acuerdos y 320 llegaron a entendidos.

Mientras, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo pasado, fueron 1,423 los casos referidos para mediación, 185 fueron orientados, pero resultaron inelegibles, 1,238 casos fueron aceptados, y de esos, 749 fueron archivados, 548 no lograron acuerdos y en 252 las partes sí llegaron a entendidos.

La Ley 184 ordena, además, que como parte del proceso de concesión de un préstamo con garantía hipotecaria sobre una vivienda principal, la institución bancaria deberá orientar al deudor sobre el proceso de mediación compulsoria que dispone el estatuto.

Sin embargo, el senador Suárez Cáceres anticipó que buscará también que se incluyan esas advertencias en las escrituras públicas que se autoricen como parte de esa transacción.