El poderoso bufete de abogados Aldarondo y López Bras ya no trabajará con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se anunció ayer oficialmente.

El contrato se canceló en marzo, sin embargo, dado que uno de los pleitos que tenían asignados –de 54 ex empleados de la AEE alegadamente contaminados con asbesto– estaba tan adelantado, la corporación pública evaluaba una orden especial para que continuaran solamente con esa demanda.

El 8 de mayo, Primera Hora le cuestionó al director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, qué sucedería con el caso tras ocho años de constantes aplazamientos. El funcionario reconoció que desconocía que se había nombrado a Shalim Chaar Padín como comisionado especial que debía promover una posible transacción de la demanda.

Alicea también admitió que desconocía otras particularidades, por lo que ordenó una evaluación. Ayer finalmente, a través del director de Asuntos Jurídicos, Jorge Concepción, anunció que cortarán de raíz con la firma de abogados.

“La Autoridad decidió contratar una nueva representación legal para este caso. En conformidad con ello, la nueva representación legal evaluará todas la alternativas posibles para culminar el proceso judicial”, dijo Concepción en declaraciones escritas.

No obstante, ni Alicea ni Concepción pudieron responder a quién se le asignará el caso, si estarán listos para el próximo señalamiento el martes que viene o el monto del nuevo contrato.

“Hay datos que no se pueden adelantar hasta que se tengan los trámites correspondientes”, dijo la encargada de prensa Yoharis Molina.

Jorge Martínez, portavoz de los ex empleados afectados, dijo estar preocupado de que la decisión resulte una nueva excusa para atrasar el caso.

“¿El nuevo bufete va a empezar de cero? Eso es un gran problema. La AEE tiene conocimiento de que, cuando trabajamos con el asbesto, no nos dieron equipo de protección ni nada. Ya se presentaron pruebas y fotos. Necesitamos terminar con esto ya”, reclamó.

La demanda se presentó en el 2005 y, a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, en noviembre la AEE pidió que se desestimara. La jueza Olga García Vincenty, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, decidió que el pleito debía continuar, y también negó el 4 de abril de este año el pedido de reconsideración.

Martínez recordó que cuatro de los demandantes ya han muerto por complicaciones respiratorias, uno de los síntomas más comunes de quienes han estado expuestos al material.