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Sacan mollero por los derechos de educación especial

Por Nydia Bauzá / [email protected] 03/08/2018 |11:45 p.m.
Actualmente unos 5 mil estudiantes reciben servicios a través del mecanismo de remedio provisional. (Archivo)  
Presentan medida para garantizar acceso a servicios esenciales para esta población.

Un proyecto radicado ayer en la Cámara de Representantes busca darle fuerza de ley al remedio provisional que estableció el tribunal en el viejo pleito de clase Rosa Lydia Vélez para garantizar servicios a las niñas y niños con necesidades de educación especial.

El remedio provisional se activa de modo automático transcurridos 30 días de aprobado el servicio en el Programa Educativo Individualizado (PEI) y la agencia educativa local no haya iniciado el servicio, dispone la medida. El contrato de remedio provisional es de carácter privado entre el padre y el proveedor de su selección, dice la medida de la autoría del representante Rafael “June” Rivera, que comienza a ser evaluada en vistas públicas el martes próximo.

“Hemos logrado un proyecto para los padres que, sintiéndose marginados por el sistema, no les da oportunidades”, dijo Rivera en conferencia de prensa en el Capitolio junto con la secretaria de Educación, Julia Keleher, el secretario auxiliar de Educación Especial, Eliezer Ramos y otros funcionarios.

“Por primera vez el remedio provisional se eleva a rango de ley, tanto en la reforma educativa como en este proyecto. Todos los años surge el miedo de que el Departamento vaya a eliminar esta figura que le permite al padre moverse a buscar aquello que el Departamento no ha podido darle a sus hijos”, dijo Ramos.

Actualmente unos 5 mil estudiantes reciben servicios a través del mecanismo de remedio provisional, detalló Ramos. Añadió que el Programa de Educación Especial (PEE) tiene unos 143 mil estudiantes, lo que representa un 40% del universo total de estudiantes que son 319 mil. El PEE tuvo una reducción de 13 mil alumnos, dijo Ramos.

La pieza de ley crea además la figura del Defensor de Niños con Discapacidad, que aunque actualmente existe con el nombre de intercesores que son contratados de manera privada, con el proyecto de ley serán reglamentados, pues deberán ser certificados por el PEE. 

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