Al amparo de que el gobierno se evitaría litigios costosos, miembros del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló defendieron a capa y espada ayer, en la Cámara de Representantes, la propuesta derogación de la Ley 80, pero no lograron convencer a tres representantes de la Palma que se mantuvieron firmes en su rechazo a la medida reclamada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En la audiencia salió a relucir incluso, una carta de la JSF al presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez en la que el organismo advierte que si el gobierno no cumple con el acuerdo, enmendará el plan fiscal para eliminar el bono de Navidad en el sector público y privado, se pondrán en vigor las reducciones en las licencias de enfermedad y vacaciones, se eliminará el fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico y habría recortes en los presupuestos de las ramas judicial y legislativa, entre otras medidas.

El representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, quien leyó la carta de la Junta, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) y los secretarios de Justicia, Wanda Vázquez, del Trabajo, Carlos Saavedra y de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy expresaron que el proyecto del Senado, que deroga la Ley 80 con carácter prospectivo, no cumple con el acuerdo entre el Gobernador y la JSF. Los funcionarios del Ejecutivo, aunque reconocieron que es un proyecto “difícil”, insistieron en la aprobación de la medida que envió La Fortaleza a la Legislatura.

“La derogación de la Ley 80 nos permitirá cumplir con el acuerdo con la Junta, hará a Puerto Rico más competitivo y permitirá que se implementen reformas estructurales que redundarán en desarrollo económico para la Isla”, sostuvo Portela.

 Sin embargo, tanto, el portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló como los representantes Pedro “Pellé” Santiago y José “Quiquito” Meléndez se reafirmaron en que no les convencieron los argumentos de que con la eliminación del estatuto, que protege a los empleados contra despidos injustificados, aumentará la tasa de participación laboral y mejorará la economía.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo en su cuenta de Twitter que la carta “es una amenaza” a la Asamblea Legislativa. “Es un chantaje de solicitar legislación sin fundamentos y a la cañona”, sostuvo.

En la vista de la Cámara, Rodríguez Aguiló cuestionó al Secretario del Trabajo en torno a cómo queda la permanencia de los nuevos empleados si deroga el estatuto.

“Es permanente desde el día uno”, respondió Saavadra, mientras Rodríguez Aguiló le ripostó: “Secretario, yo le voy a pedir seriedad y su contestación es poco seria. No es permanente (ese empleado)  y usted lo sabe”.

 “Conozco muchos patronos responsables, pero otros que no y son patronos que van a empezar un proceso de reevaluar a sus empleados, a reorganizar sus negocios y van a empezar a despedir personas sin justa causa”, añadió el portavoz de la mayoría.

“La Junta no legisla”, dijo por su parte el representante Quiquito Meléndez, mientras, el representante Santiago indicó que fue él quien propuso por primera vez como alternativa que la derogación de la ley fuera prospectiva.

“El voto mío no lo tienen, el prospectivo lo veo como una opción”, sostuvo Santiago.

A pedido del representante Luis Vega Ramos, la Secretaria de Justicia deberá en un plazo de 72 horas emitir una opinión en torno a si es constitucional tener dos sistemas paralelos, si se deroga la ley de forma prospectiva.

Vega Ramos argumentó que lo que está aprobado en el plan fiscal recertificado al 31 de mayo es solo el bono de Navidad de los empleados públicos.  “Ni el bono, vacaciones ni días de enfermedad del sector privado están en este plan que es lo que tiene fuerza de ley”, sostuvo el legislador popular.

En la Cámara se requieren 26 votos para aprobar la medida. Primera Hora supo que “hay un grupo de la delegación novoprogresista que quiere aprobar la versión del Senado”.

La medida no se llevaría a votación al menos hasta la semana próxima, pues la Cámara suspendió sus trabajos hasta el lunes próximo. El Senado también recesó hasta ese mismo día. Además de la Ley 80, siguen sobre la mesa, los proyectos de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el presupuesto, cuyas vistas no han comenzado todavía, mientras se acerca la fecha límite para la aprobación de medidas, que es el 25 de junio. La sesión ordinaria culmina el 30 de junio.