Luego de varias jornadas de reuniones con el presidente de Dominion, John Poulos, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, y los comisionados electorales aseguraron que las máquinas que se utilizarán en el proceso de escrutinio electrónico en las primarias de junio y en las elecciones generales de noviembre ofrecen garantías en contra del fraude electoral.

Sin embargo, reconocieron, que la responsabilidad última recaerá en los funcionarios de colegio que deberán tener los partidos políticos en ambos procesos de votación.

“La seguridad la dan los funcionarios de colegio”, sostuvo el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD) Guillermo San Antonio Acha. 

El abogado indicó que el papel que utilizarán las máquinas no es una copia regular, sino un cartón, y añadió que si el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, hubiera hecho la prueba de la máquina en un colegio de votación hubiese cometido “un delito electoral”. Se refirió a la prueba que hizo el legislador el pasado martes durante una vista pública, en la que improvisó con papel de su oficina y el equipo la aceptó. 

El comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Dávila, reiteró, por su parte, que el sistema de escrutinio electrónico “era necesario” y que el proceso de conteo de votos manual no ofrecía garantías. 

“Es una combinación del equipo y las personas que deben estar allí. La mayor parte de los problemas son de marcas después que cierran los colegios. Todas esas historias son reales y las hemos vivido”, apuntó Dávila.

El comisionado del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), José Córdova recordó que “es importante que el pueblo esté consciente de que lo que se trata es de conteo de votos y al final del día va a haber un cuadre”. 

El portavoz de Dominion agregó que las máquinas siguen una plataforma electrónica, con un papel, tamaño y tintas con especificaciones.

Además de la reunión con los comisionados electorales, el personal técnico de Dominion se reunió con representantes de unas 13 imprentas locales y distribuidoras de papel para explicarles los requisitos de la empresa de manera que puedan ser certificadas y competir en el proceso de subasta de las papeletas de las elecciones generales, una vez se abra la licitación.