El Departamento de la Familia (DF) contrató a una cooperativa de abogados para atender los casos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) en los tribunales, tras despedir a 33 licenciados de la división legal de la dependencia a raíz de la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

A través de esa cooperativa, la agencia recibe los servicios de 39 abogados, la mayoría de los cuales fueron despedidos como parte del plan de cesantías aprobado en el 2009 por la administración saliente del gobernador Luis Fortuño.

La titular del DF, Yanitsia Irizarry, indicó que el despido de la treintena de abogados y la contratación de la cooperativa representó ahorros anuales para la agencia de $600,000.

 Indicó que esos 33 abogados le costaban a la agencia $1,481,629 al año, mientras que el contrato asciende a $971,250.

Por haber sido empleados del DF, estos abogados tienen un peritaje que la propia agencia exige para trabajar los casos ante los tribunales.

La información surgió durante la continuación de las vistas de transición del Gobierno en el Departamento de Estado, en el Viejo San Juan.

Allí, la exjueza Dolores Rodríguez de Oronoz cuestionó sobre el contrato otorgado al pastor Aníbal Heredia para la dirección de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe. Según Rodríguez de Oronoz, los contratos de Heredia ascienden a $180,000, mientras que la secretaria lo estimó en $120,000.

Irizarry explicó que el pastor; que intervino en el rechazo del nombramiento de Johanne Vélez como procuradora de la Mujer y quien llegó a comparar a Fortuño con profetas como Moisés, Daniel y Nehemías; se dedica a coordinar la participación de las iglesias en diferentes iniciativas de la agencia y dirige a una plantilla de trabajo en esa función.

El licenciado Juan Acosta cuestionó si el contrato de Heredia se justificaba cuando ese dinero daba para la contratación de tres o cuatro abogados.

El comité de transición entrante también cuestionó los contratos de publicidad de la agencia, que según documentos en posesión del grupo, ascienden a $13.8 millones, a pesar de que Irizarry indicó que esos gastos se redujeron en un 30% en comparación con la administración anterior.

Asimismo, la funcionaria indicó que el DF tiene la custodia de unos 6,300 menores, de los que la mitad son mayores de 6 años, y 15 se encuentran recibiendo tratamiento especializado fuera de Puerto Rico.

Al hablar del caso de un adolescente que recibe servicios de salud mental fuera de la Isla, la secretaria se emocionó y lloró mientras contestaba las preguntas del comité de transición.

Actualmente, el DF tiene 1,057 trabajadores sociales que atienden entre 20 o 30 casos cada uno. Durante la vista, también trascendió que la plantilla de trabajo del DF se redujo de 1,263 en 2008 a 649 en el 2012. Irizarry indicó que 414 empleados fueron cesanteados por Ley 7.

Mientras, indicó que la plantilla de ADFAN se redujo de 4,014 en el 2008 a 2,868 en el 2012.