Amparada en una opinión de su División Legal, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solo entrega documentos al Departamento de Justicia para casos de violaciones de naturaleza electoral.

Así lo declaró hoy, jueves, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Walter Vélez, en una vista preliminar que se sigue contra Manuel A. Viera Suárez por cargos relacionados al supuesto fraude en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo.

A pesar de esta opinión, Vélez entregó documentos al Departamento de Justicia para la investigación del alegado fraude primarista que culminó en la presentación de cargos criminales contra 43 personas, incluyendo empleados municipales.

"¿La opinión establece que la Comisión solo puede entregar documentos para delitos electorales y conforme al Código Electoral?", preguntó la licenciada Ana Quintero Santiago, quien comparte labores de defensa con el licenciado Eduardo Otero Ortiz.

"Eso es correcto", respondió Vélez sobre un argumento que han levantado los abogados defensores en varias ocasiones.

Desde el inicio de la presentación de acusaciones en este caso, los abogados han pedido sin éxito la desestimación de cargos, argumentando que el mismo se debió someter amparado en disposiciones de la Ley Electoral, no del Código Penal.

Además, han planteado que el Ministerio Público no puede usar como prueba para la identificación de los imputados el Documento de Actualización de Datos del Elector y de la Información del Elector, que incluye una fotografía, porque estos documentos solo se pueden usar en casos de delitos electorales y, en este caso, los imputados son procesados bajo el Código Penal de Puerto Rico.

Vélez explicó que en el caso del fraude primarista recibió una orden del entonces presidente de la CEE, Héctor Conty, y de los comisionados electorales de los partidos, a quienes no mencionó por nombre, para cooperar con la investigación que el Departamento de Justicia inició luego de que la Comisión le hizo un referido en junio del 2012.

"En mi carácter como secretario yo estaba tramitando documentos para que el Departamento de Justicia realizara su investigación", precisó.

Detalló que la orden con las instrucciones las recibió de forma oral de Conty, luego que éste se reunió los fiscales Edmanuel Santiago Quiles y Lorraine Pietri Colón, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para discutir la opinión de la División Legal.

"No tuve que hacerlo (discutir la objeción de la opinión legal). Entiendo que la reunión era para esos fines", apuntó Vélez.

Indicó también que no alertó a los fiscales sobre la limitación en el uso de documentos de la CEE "porque entendía que no procedía entrar en esa comunicación con ellos".

Ante la jueza Janette Perea López, del Tribunal de Bayamón, Vélez aceptó que una oficina de la CEE, conocida como la "JIP (Junta de Inscripción Permanente) Suprema", puede realizar una corrección para atender un error en un expediente virtual sin la presencia del elector.

 "Esa corrección genera un documento que lo debe firmar la Junta de la JIP donde se realizó la transacción", apuntó el secretario de la CEE.

Durante el directo, de la fiscal Pietri Colón el testigo también certificó dos documentos de la CEE, que pertenecen al imputado: la hoja de Actualización de Datos del Elector y hoja de la Información del Elector, que lleva su foto.

Aclaró que aunque certificaba la autenticidad de estos documentos, dichos documentos son preparados en otra oficina.

La segunda testigo, María Vargas Huertas, declaró que no autorizó a nadie para que usara su dirección para ningún trámite.

La vista sigue mañana a las 9:00 a.m. con la última testigo, Carmen Rondón Romero.