El secretario de del Departamento de Educación (DE), Rafael Román, defendió este viernes la labor de dicha agencia en el inicio del presente año escolar, incluyendo el proceso de cierre de escuelas y la renegociación de los contratos de transportación, en su comparecencia a las audiencias públicas que celebra el Senado para evaluar el proceder de la agencia con los estudiantes de educación especial, entre otros temas.

Román, que reconoció los problemas en el área de educación especial y con el reclutamiento de maestros en este comienzo de clases, y apoyó el reclamo del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, de que es necesaria una transformación en la estructura administrativa del DE.

El titular de Educación compareció hoy a las audiencias públicas que celebró la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado que evalúa el uso de fondos asignados al Departamento para transportación escolar, y el procedimiento seguido por la agencia con los y las estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial que fueron reubicados en otras escuelas tras el cierre de sus planteles.

Sobre el atropellado inicio del curso escolar, Román afirmó que el Departamento pudo atender muchos de los problemas que durante años afectaron ese proceso, entre los que destacó las condiciones de la infraestructura escolar y la provisión de materiales.

Reiteró, por otra parte, que el problema del reclutamiento de maestros en este inicio escolar se agravó marcadamente con la renuncia de 1,800 maestros al 31 de julio, días antes del comienzo del semestre. Sostuvo que junto a la reestructuración de la agencia hay además que legislar para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Estos maestros fueron parte del grupo que se acogió al retiro este año.

En torno al tema del transporte escolar, Román dijo que “los costos totales de transportación que han resultado del esfuerzo de solicitud de propuesta que se llevó a cabo durante el mes de julio y agosto de 2014 han redundado en beneficios significativos”.

Ofreció una tabla según la cual el ahorro para el Departamento durante este año fiscal por concepto de transporte escolar asciende a $23.3 millones en comparación a lo que se habría pagado de haberse mantenido los acuerdos anteriores.

“Como podrá notarse, el 82% de todas las rutas contratadas, ya bien de transportación regular o de educación especial, están por debajo de los $200 diarios, que era el límite mínimo del acuerdo del 2012, solo para transportación regular; esto sin tomar en consideración que, de acuerdo con dicho documento, la tarifa mínima estaría en $206 diarios, al añadir el por ciento de incremento anual”, señaló.

El secretario del DE manifestó que un estudio que ordenó la agencia a la empresa consultora Advantage Business Consulting, concluyó que “las tarifas pagadas por los servicios prestados estaban, al menos, un 20% por encima de lo que sería razonable”.

Sobre el traslado de estudiantes de educación especial a otras escuelas explicó que finalmente fueron cerrados 76 planteles de los 140 que originalmente se consideraron e indicó que 3,017 estudiantes del Programa de Educación Especial fueron parte de esa reorganización.

Ofreció el desglose de estos y señaló que el 14% estaban ubicados en salones a tiempo completo y el restante 86% estaban en servicios de salón recurso o servicios relacionados.

 Rechazó que el Departamento violara la ley federal al realizar los traslados sin consultar el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) “ya que dicha reubicación de escuela no cambia la ubicación conforme a la Ley IDEA contenida en el Programa de Educación Individualizado del estudiante”.

El tema de la educación especial en la Isla fue parte de la discusión hoy en la audiencia, y el secretario coincidió con los senadores Miguel Pereira y Eduardo Bhatia que el número de estudiantes registrado en ese programa en Puerto Rico resulta muy alto y amerita una evaluación.

Opinó Román “mi apreciación y mi experiencia es que el problema está en la evaluación, desde el salón de clases”.

Aclaró, por otro lado, que los fondos federales representan sólo una cuarta parte de los sobre $400 millones que destina el Departamento de Educación para atender este programa.