El sector privado de Puerto Rico se unió hoy al reclamo del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en Washington, D.C., para que la reforma contributiva federal no afecte a la Isla y reiteró la necesidad de velar por los mejores intereses del pueblo, ante la crisis económica y fiscal que sufre hace más de una década, agravada por los huracanes Irma y María.

"Todos los integrantes del sector privado hemos celebrado varias reuniones con el gobernador en las cuales hemos acordado apoyar su postura en relación a la reforma contributiva federal. Es lo correcto en justicia y para Puerto Rico. No podemos permitir que nos impongan un impuesto nuevo por más reducido que sea porque eso agravara la situación económica y fiscal de Puerto Rico", expresó el Ricardo Álvarez, presidente de la Asociación de Constructores.

Por su parte, Ramón Ponte, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, afirmó que "la aprobación de un impuesto adicional será devastador para nuestra economía que ya sufre los embates de una crisis de varios años y dos huracanes", de acuerdo a un comunicado de La Fortaleza.

"La reforma discutida en el Congreso pretende incentivar y proteger los empleos en el suelo americano y Puerto Rico crea empleos americanos. Por eso, no es justo que nos apliquen estos impuestos nuevos que afectan nuestra competitividad y que agravarán nuestra crisis fiscal y económica", agregó.

La reforma discutida en el Congreso pretende incentivar y proteger los empleos en suelo americano y Puerto Rico crea empleos americanos.

"Por eso, no podemos permitir que nos apliquen estos impuestos nuevos que no aplicarán en los estados y que agravarán nuestra crisis fiscal y económica", reiteró el primer ejecutivo.

En la capital federal se discute una reforma contributiva que impondría impuestos nuevos a corporaciones americanas que se establecen en jurisdicciones foráneas.

Ello, para incentivar la creación de empleos en los estados donde no aplicarán estas nuevas contribuciones.

El gobernador y el sector privado han solicitado que se traten los empleos en Puerto Rico como empleos americanos de forma que no se vean afectados por los impuestos discutidos en el Congreso de Estados Unidos.