Sector turístico rechaza nuevos impuestos para reparar retiro de maestros

Por Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com 04/23/2014 | 04:48 p.m.
El presidente de la junta directiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Ismael Vega (Archivo)  
Alega que las tres propuestas discutidas se basan en información errónea.

Ante la insistencia de los maestros de poner en vigor las recomendaciones del Comité de Diálogo y Negociación para salvar su sistema de retiro, la junta directiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico solicitó este miércoles al gobernador Alejandro García Padilla que no adopte tres de las propuestas discutidas que impondrían nuevas cargas contributivas al sector turístico.

La razón principal que ofreció el presidente de la Junta de Directores de la Asociación, Ismael Vega, es que el grupo integrado por los gremios de los maestros, la alcaldesa de San Juan, Carmen "Yulín" Cruz, y el secretario de Estado, David Bernier, entre otros, se basó en información errónea, que nunca le consultaron el efecto que tendría en la industria turística, que las propuestas van en contra de la política pública del Gobierno de impulsar el turismo, y que ponen en riesgo millones de dólares destinados a promocionar a Puerto Rico como destino turístico y fondos que recibe la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

“El Comité de Diálogo, induscutiblemente, no recibió toda información que necesitaban para evaluar todas estas propuestas, ni nos llamaron ni consultaron. Peor aún, recibieron información engañosa y falsa”, afirmó Vega en conferencia de prensa en la sede del comité en Puerto Nuevo.

Añadió que “le estamos pidiendo al gobernador que debe descartarlas de plano por estar basada en información errónea, engañosa y falsa. El Gobierno no debe considerar ni mucho menos adoptar estas medidas, porque son incompatibles con lo que quieren hacer. Es contraproducente a sus propias estrategias (para impulsar el turismo), afectan el presupuesto de la Compañía de Turismo, porque ponen en riesgo las máquinas tragamonedas, y se afectarían los fondos que recibe la UPR”, sentenció.

Específicamente, las propuestas impulsadas por el Comité de Diálogo en su informe del 6 de febrero de 2014 que inciden en el sector turístico son un impuesto de entre un 10% a 20% a los premios devengados mediante juego de azar, un impuesto de $5 a la estadía por habitación en hoteles, así como un impuesto de entrada o salida de $20 a los extranjeros no residentes en Puerto Rico.

Estas propuestas son impulsadas nuevamente por los grupos que lideran a los maestros, luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la Ley 160 que aprobó el Gobierno para atender la crisis fiscal del Sistema de Retiro de Maestros.

Vega comentó que la primera propuesta es la más que le preocupa a los hoteleros y dueños de casinos. Principalmente, comentó que se presentó con información errónea que se obtuvo de un “supuesto” que la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar presentó en una ponencia ante la Legislatura en marzo de 2013.

 El alegado supuesto es que la Asociación expuso en su ponencia que para que el Gobierno obtuviera los $300 millones en ingresos que pretenden al legalizar las máquinas de entretenimiento para adultos, estas deberían generar $1,800 millones, según documentación presentada por la Asociación.

 En el informe del Comité de Diálogos, se estipula que es cierto que la industria de juegos de azar genera en la actualidad $1,800 millones.

 “Dichos datos provienen de información suministrada por la ponencia de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar en la discusión del proyecto de la Cámara 916”, establece el informe, al precisar que por ende el Sistema de Retiro ingresaría entre $108 millones a $216 millones si se aprueba el impuesto.

Vega establece que la propuesta, además, no estipula si se busca legalizar las máquinas ilegales ubicadas en distintos tipos de establecimientos. Señaló que si ese fuera el caso, provocaría cierres de casinos.

De hecho, comentó que en los pasados cinco años, cuando ha prosperado el negocio ilegal, se han cerrado cinco casinos. Estos fueron los de los hoteles Pichy’s en Guayanilla, Diamond Palace, Meliá en Río Grande, el Conquistador y el del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

 “Para que ese número se dé ($1,800 millones en juegos de azar) tendrían que hacer esas máquinas legales (las de entretenimiento para adultos) y eso destruiría la industria. Legalizar las 20,000, 30,000 (que existen), peor aún, traer más máquinas, iría en detrimento de las 7,000 máquinas autorizadas en ley, que tengo que construir hoteles para tenerlas”, sostuvo Vega.

 Por otro lado, si el dinero fuera a salir de los recaudos de las máquinas legales establecidas en casinos, el presidente de la Junta de la Asociación expuso que la realidad es que en el año fiscal 2012 al 2013 generaron alrededor de $296 millones. Esta cifra representa aproximadamente $15 millones menos que en el año fiscal 2010 al 2011, dijo.

 Planteó que de este dinero generado por las máquinas legales se distribuye en 45% para los casinos y 55% para el Gobierno. La parte del Gobierno, que se elevó el pasado año, se utiliza para asignarle fondos a Turismo para promocionar a Puerto Rico como destino turístico, para la UPR y para el Sistema de Retiro del Gobierno Central.

Por otro lado, las otras dos propuestas de imponer un impuesto de estadía y un impuesto de entrada provocarían una carga de $25 al turista. Según la presidenta del Comité de Aliados, Daphne Barbeito, eso sería nefasto para la industria, pues provocaría más inestabilidad en el sector turístico y el destino se haría menos atractivo.

 La presidenta de la Asociación, Clarisa Jiménez, comentó que la situación actual no es alentadora. Dijo que la ocupación hotelera ronda en el 60% y en sectores más alejados del área metropolitana entre un 30 a 40%. Señaló que los nuevos impuestos podrían disminuir aún más la competitividad con otros países del Caribe.

 “Nosotros no podemos dar un centavo más. ¿Sabes por qué? Porque nosotros del recaudo de tragamonedas, son poco más del 50% que se lleva el Gobierno. Después de pagar los gastos de operaciones de los juegos de azar, que son $15 millones, que es otra operación del Gobierno que sale de nosotros, encima de eso compramos las máquinas, pagamos CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y de lo otro que te sobra también tributamos”, sentenció Miguel Vega, el presidente de la Junta de Directores entrante de la Asociación.

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