Iris Azalea Miranda Gallardo hizo alegación de culpa este jueves por participar del fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Porgresista en Guaynabo en el 2012, convirtiéndose en la primera acusada en este caso que admite los hechos que se le imputaban.

La mujer de 58 años hizo alegación de culpabilidad por tres infracciones al artículo 12.005 del Código Electoral del Siglo XXI titulado "Violaciones al ordenamiento electoral". Conforme a los términos del acuerdo, la jueza Agnes Orriola encontró culpable a Miranda Gallardo por esos delitos y le impuso la sentencia recomendada de $1,500 de multa, o $500 por cada cargo, que deberá pagar en los próximos seis meses.

"Hago alegación de culpabilidad", dijo Miranda Gallardo a las preguntas de la jueza.

Según la denuncia contra Miranda Gallardo, la mujer acudió a una Junta de Inscripción Permanente en Guaynabo el 27 de enero de 2012 y pidió cambiar su lugar para votar porque vivía en la urbanización Ponce de León de Guaynabo, cuando su verdadera dirección de residencia es en San Juan.

El fiscal Edmanuel Santiago, quien representó hoy al ministerio público junto al también fiscal Miguel López Birriel, dijo que Margarita Torres, la persona que realmente vivía en la dirección usada por Miranda Gallardo, avaló por escrito el acuerdo de culpabilidad.

Fuera de sala, la mujer no quiso dar declaraciones a la prensa. Se le vio llorosa mientras hablaba con su abogado Pedro Vidal Ríos y con otras personas en el Centro Judicial de Bayamón.

La condición de salud de Miranda Gallardo fue una de las razones para la alegación de culpa, dijo Vidal Ríos. A su clienta, que camina con bastón y que requería ayuda para sentarse y ponerse de pie de los bancos del tribunal, la operarán próximamente en Estados Unidos por problemas en las vértebras, afirmó el letrado.

 "Fue ampliamente discutido con ella y acatamos el acuerdo", expresó el letrado. "No es meramente la prueba, no es meramente el ministerio público, hubo otros factores que se sopesaron como la salud de doña Iris Miranda. Se le consultó a ella, a su familia, y se entendió que este era el mejor curso a seguir", indicó Vidal Ríos.

 El abogado dijo que no sabe si la hermana de su clienta, Norma Miranda Gallardo, quien fue asesora de la expresidenta cameral Jenniffer González, y que también está imputada en este caso, haría admisión de culpa.

Tanto el abogado como el fiscal Santiago aseguraron que, luego de esta alegación de culpa, otros acusados podrían llegar a acuerdos de culpabilidad.

"Va a haber otros casos que son idénticos, que ya están como delitos electorales, yo tengo otro cliente, José Huertas, que vamos a buscar el mismo acuerdo", dijo Vidal Ríos.

Mientras, Santiago trajo a colación que el miércoles el policía municipal Emanuel Ramos Verdejo, renunció a la vista preliminar "con la expectativa de que se iba a llegar a un acuerdo de alegación de culpa", esto ante los fiscales Lorraine Pietri y Edwin Ortiz Rivera III. La lectura de cargos y el juicio se pautaron para verse en conjunto el próximo 5 de junio, cuando el acusado formalmente podría hacer alegación de culpa.

Cerca de 60 personas han sido acusadas por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia por participar del fraude electoral en Guaynabo. Algunos casos han sido desestimados y otros se encuentran en distintas etapas del proceso criminal.

Los delitos originalmente imputados a Miranda Gallardo, así como al resto de los imputados, eran violaciones al Código Penal por documentos falsos, perjurio y apropiación ilegal, pero en marzo pasado la jueza Myriam Jusino reclasificó a más de una decena de acusados los cargos imputados a infracciones al Código Electoral, que son delitos menos grave. Hoy debía celebrarse una vista preliminar en alzada en la que la fiscalía buscaría que se revocara a Jusino para que los cargos contra Miranda Gallardo fueran graves, pero el Gobierno desistió de ese intento cuando se logró el acuerdo con la acusada.

Una investigación de El Nuevo Día en el 2012 reveló que decenas de electores hicieron transferencias con direcciones falsas con el objeto de votar en la primaria por el escaño a la Cámara del distrito de Guaynabo que se disputaban Ángel Pérez, quien era el incumbente, y Antonio "Tony" Soto, candidato que impulsaba el alcalde, Héctor O’Neill.