La información sobre la situación de maltrato infantil en Puerto Rico está segmentada y no existe una coordinación entre agencias gubernamentales que permita conocer la magnitud del problema, se evidenció este miércoles en una audiencia pública en la Cámara de Representantes.

En la vista pública de la comisión cameral de Bienestar Social y Erradicación de la Pobreza, se divulgó que la información recopilada sobre maltrato infantil el Departamento de Educación se mantiene “confidencial” en el expediente del estudiante y no se comparte con otra agencia gubernamental.

Son varias las agencias que recopilan estadísticas sobre maltrato infantil en Puerto Rico: los departamentos de Educación, de la Familia, de la Policía y el de Justicia, la Oficina de Administración de Tribunales y el Centro de Víctimas de Violación del Departamento de Salud.

La representante de Educación (DE) en esta audiencia cameral, la doctora Arlen García Jackson, indicó durante su ponencia que la responsabilidad por ley de llevar las estadísticas de maltrato infantil recae en el Departamento de la Familia, porque es quien lleva las querellas.

“En el Departamento de Educación las estadísticas de maltrato se llevan en el expediente personal del estudiante al que solo tiene acceso el principal de la escuela, quien entra la data para proteger la confidencialidad del estudiante. Estos casos incluyen maltrato institucional, de acoso, maltrato infantil, entre otros pero no casos de bullying' o acoso escolar que ocurre entre estudiantes,” explicó García Jackson, que es directora del Programa de Consejería Escolar en Educación.

Agregó que anualmente, todos los directores de escuela hacen un informe en el que reportan los incidentes que han ocurrido y que con esa información, no generan reportes de maltrato, sino que solo los registran en el expediente del estudiante.

 La presidenta de la Comisión, Luisa “Piti” Gándara, se expresó sorprendida por la información que ofreció Educación y señaló que “es importante saber los casos de maltratos por escuelas, edades, municipios, regiones, y por tipología para saber cómo se adjudican los recursos en el DE y el Departamento de la Familia y saber cuáles iniciativas se van a llevar a cabo para trabajar con esto”.

 Gándara solicitó al Departamento de Educación un informe de los casos de maltrato infantil reportados, sin los nombres de los estudiantes, y les dio un plazo de diez días para presentarlo.

Por su parte, el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi, favoreció el que se compartan las estadísticas y recalcó la utilidad de estas para posibilitar la intervención adecuada en los casos y para posibles ajustes en la política pública para la prevención y procesamiento de casos de maltrato de menores.

“Si uno no mide, no puede administrar o gerenciar la solución, o hacer ajustes a la política pública. Se debe poder saber cuántos casos hay, dónde, y cuáles son los pasos que están tomando con estos casos. Esta medida echa luz sobre un área que es bien importante en la era de la información, cuando es vital tener la información a la mano. La falta de comparabilidad no se puede explicar,” dijo Marazzi.

Esta audiencia pública responde a una resolución cameral que ordena evaluar la recopilación y la metodología utilizada por las agencias gubernamentales en el manejo de la estadística de maltrato infantil y recomendar un sistema uniforme y coordinado para la recopilación de estos datos.