El exrector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Carlos Severino, insistió hoy en su verticalidad, esto tras ser destituido de su cargo por el escándalo de las becas presidenciales.

En entrevista en WKAQ, Severino dijo que el informe que le costó su puesto el mes pasado fue “una chapucería” que costó unos $160,000, mucho más que la inversión en las becas, y que él se limitó a recibir solicitudes y encausarlas conforme a la certificación universitaria 72.

 “Me siento muy mal, me siento molesto”, dijo Severino en la entrevista radial. “Es muy triste, un capítulo muy triste, pero siempre hemos estado convencidos, seguros de que no hemos hecho ninguna acción que viole ley o regla alguna. Lamentablemente hay un informe que, no sé porque causa yo no puedo pensar que es puramente casual pero eso se sabrá en su momento, tiene unos señalamientos, unos errores, una especulaciones por los que actuó la Junta de Gobierno de forma apresurada sin examinar los detalles debidamente y sin proteger el debido proceso que toda persona quiere”.

Relacionadas

Severino y el expresidente de la UPR, Uroyoán Walker fueron dos de las principales figuras que perdieron sus puestos tras la divulgación de un informe interno que revela irregularidades de ambos en la otorgación de esas becas. “De este funcionario que está aquí no se prueba absolutamente nada. Es una teoría conspirativa que se construyó”, afirmó Severino.

“Aquí no se ha violentado ninguna ley o regla alguna en este proceso. No hemos hecho nada irregular. Decir que aquí hay corrupción o alguna de esas cosas es inaceptable, aquí no ha ido ido un centavo al bolsillo de nadie, que no sea ir a estudiar a algún  sitio", expresó el catedrático, que dijo solo interesda proteger su reputación y que la UPR no vuelva a cometer un atropello como el que pasó con él.

El asunto está ahora referido ante la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralorel Departamento de Justicia. Entre los becados se encuentran Carlos Pagán, quien fue asistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; Arturo Ríos Escribano, que fue asesor de La Fortaleza en temas de asuntos laborales hasta 2014; y Mónica Sánchez, sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.