Para el senador independiente José Vargas Vidot, el Proyecto del Senado 926, aprobado a viva voz esta tarde en la Sesión del Senado, promueve que los más pobres pierdan el único lugar que tienen para vivir y que puedan ser expropiados de manera forzosa.

Luego de un intenso debate sobre si la medida por petición -que amplía los poderes y facultades de la Administración de Terrenos (AT) y lo exime del pago de contribuciones territoriales, entre otros asuntos- solo incluyen enmiendas técnicas, este fue aprobado por la mayoría novoprogresista.

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bathia, por su parte, solicitó que la medida regresara a Comisión para evaluarla mejor, pero no fue aprobado.

El senador Vargas Vidot denunció que bajo este proyecto la AT se convertirá en un “realtor, en un negocio que puede expropiar terrenos de personas pobres para venderlo a gente privada… Gente que puede estar en peligro de perder su propiedad porque tiene algún valor…”.

Mencionó que esta también provee para que al momento de expropiar no se tome en consideración si la propiedad ha aumentado de valor. “Al pobre lo expropian y le dan una chavería”, alertó al criticar que en la medida se use el lenguaje de “usurpador”

El legislador agregó que no se puede seguir “criminalizando la pobreza”.

Por su parte, Bhatia mencionó que con la medida lo que hacen es facilitar las expropiaciones en las comunidades, y recordó que las expropiaciones en el pasado han estado “plagada de irregularidades”.

El senador popular denunció que ni el Departamento de Hacienda ni el de Justicia, entre otros, expresaron una posición al respecto.

Agregó que la medida les quita dinero a los municipios y que en la misma no aparece un memorando de las Federación y Asociación de Alcaldes sobre el proyecto.

De su parte, la senadora Rossana Lopez denunció que “esto no se trata solo de dólares y centavos”, que la medida “carece de una evaluación completa (y que) no hubo vistas públicas”.

“Es un proyecto que puede llevar a expropiación forzada, que significa sacar a la gente de su casa sin justa compensación”, agregó.

De su parte, el popular Aníbal José Torres criticó que en la medida se establezca una exención de derechos y contribuciones. “Antes se pagaban impuestos sobre la propiedad… ahora se elimina y eso llega a los municipios… Ahora no tiene que pagar impuestos sobre la propiedad o aranceles en los municipios. Esto afecta a los alcaldes que no se les escuchó”, agregó.

Mientras, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla, que favoreció la medida, sostuvo a las personas que hacen referencia es a las que “montan cuatro pedazos de madera y montan una carpa” para vivir. “Lo que veo son enmiendas técnicas que no hacen daño a una persona que esté haciendo las cosas bien y cumpliendo con lo que dice la ley”, sostuvo al mencionar que cuando se expropia a una familia es porque están “en un terreno que no le pertenece”.

Sobre el punto de los “cuatro pedazos de madera”, el senador Vidot dijo que de eso no es lo que se trata, y mencionó que la Agencia Federal de Manejos de Emergencia (FEMA) reveló que en la Isla hay unas 30,000 familias sin títulos de propiedad y que estos son los que se convierten “en usurpadores”.

De otro lado, el senador Miguel Romero, quien presentó la medida a petición de los ejecutivos de la Autoridad de Tierras, criticó al senador Bathia por no entregar las enmiendas que dijo iba a proponer. Mencionó que tampoco llegaron las preocupaciones que los senadores de minoría tenían.

Bhatia ripostó que “no traje enmiendas porque no acabo de entender para qué es este proyecto”.

Romero, al reiterar que el proyecto lo que tienen “son enmiendas técnicas”, negó que los alcaldes salgan afectados con la misma.

Explicó que si, por ejemplo, una propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) pasa a la AT, y esta no paga contribuciones, pues tampoco lo hará cuando pase a la Autoridad de Tierras. Negó que se le esté restando dinero al pueblo.

En cuanto al issue que se levantó porque se ordenaría al Departamento de Justicia y al Departamento de la Policía a remover a las personas o familias de sus casas, mencionó que si, por ejemplo, se traspasa una escuela a la AT, hay que protegerla para que nadie entre a la misma.

De igual forma, y en reacción a los señalamientos de Bhatia de que no se consultó a los alcaldes, Romero dijo que no pueden contar con la Asociación de Alcaldes, que agrupan a los afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) porque “no comparecen” cuando se le citan.

A este punto, Bhatia añadió que eso era responsabilidad del cuerpo.