Con la objeción de las minorías parlamentarias, el Senado aprobó este lunes el proyecto de ley que la da mayor flexibilidad al Departamento de Hacienda (DH) para establecer los términos y condiciones que regirán el financiamiento que requiere el Gobierno para tener flujo de caja y poder continuar sus operaciones.

El Alto Cuerpo le dio paso, en votación 16-8, al proyecto de administración sobre la emisión de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés) sin incluirle enmiendas,por lo que la medida pasaría ahora a La Fortaleza para la firma del gobernador Alejandro García Padilla.

Al presentar el Proyecto de la Cámara 2115 ante el pleno, el senador popular José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas, resaltó que la transacción con los TRANs se efectúa todos los años, y explicó que los cambios que se incluyeron en la legislación buscan dar mayores garantías y confianza a los inversores tras la degradación a nivel especulativo de los bonos de obligación general del Gobierno.

“Para proveer mayor certeza en términos de la transacción, se plasma a la ley lo que ya estaba ocurriendo en la práctica”, destacó Nadal Power.

El debate sobre la medida en el Senado no se alejó mucho de la discusión que suscitó la pieza en la Cámara de Representantes. Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) intercambiaron señalamientos sobre la política fiscal y económica de la presente administración, y sobre las causas de la crisis por la que atraviesa el País.

Para el senador Larry Seilhamer, portavoz de la minoría del PNP, la aprobación de la legislación es “un mal negocio para el País”.

“(Los TRANs) han sido, a través de la historia de Puerto Rico, un mecanismo para poder cumplir con las obligaciones plasmadas en el presupuesto del País. Ante la propia admisión del presidente de la Comisión de Hacienda, la tendencia es que se sobreestimen los ingresos (al configurar el presupuesto), las proyecciones nunca son reales, y este año fiscal no va a ser diferente. No veo cómo puedan cumplir con las proyecciones de ingresos”, argumentó Seilhamer durante su turno de debate.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, despachó las críticas del portavoz del PNP en ese cuerpo al insistir en que ese tipo de transacción se realiza de manera ordinaria, y resaltar que, debido a las circunstancias actuales del crédito del País, es la primera vez que requiere el aval de la Asamblea Legislativa.

“Esto no es nada nuevo que el Gobierno de Puerto Rico está haciendo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué en esta ocasión el Senado tiene que meterse? Simplemente, porque la crisis fiscal que ha tenido el Gobierno de Puerto Rico heredada lleva a que, aquel que le va a prestar dinero, lo haga con un poco más de temor que antes”, subrayó el líder senatorial.

La cantidad que el Gobierno financiará este año alcanza los $1,200 millones, de los que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) aportará $300 millones, y los otros $900 millones se gestionarán en la banca privada.

La Cámara incluyó una enmienda para especificar que las condiciones especiales que aprobaron aplicarán exclusivamente durante el presente año fiscal, que termina en junio, y esa disposición fue avalada por el Senado.

Entre los nuevos términos aprobados, figura que los pagarés o cualquier otro acuerdo de financiamiento relacionado con esa transacción se regirán por las leyes del estado de Nueva York, que el Gobierno se someterá a la jurisdicción de cualquier tribunal estatal o federal ubicado en el Condado de Manhattan, en el referido estado, y que se renunciará a cualquier inmunidad soberana que pueda tener el Estado Libre Asociado en un potencial pleito sobre la emisión.

Estas condiciones son similares a las que se incluyeron hace algunos meses con motivo de la emisión de $3,500 millones en bonos del gobierno central.

Fue durante la discusión de esta medida en la Cámara, hace casi dos semanas, que tanto el presidente de ese cuerpo, Jaime Perelló, como el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, el representante Rafael Hernández Montañez, la emprendieron abiertamente contra el componente económico y fiscal del Gobierno por entender que no han ejecutado efectivamente las medidas que han sido legisladas.