Senado aprueba por unanimidad eliminación del pago de dietas

02/14/2013 |05:49 p.m.
La mayoría de los senadores renunció, además con carácter inmediato, al cobro de las dietas que recibían por su asistencia a reuniones y sesiones. (Suministrada)  
El proyecto pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

El Senado aprobó por unanimidad este miércoles, legislación que elimina el cobro de dietas por los legisladores de ambas cuerpos legislativos, con la excepción de aquellos que no reciben paga por su labor por ser beneficiarios de alguna pensión.

En el caso del Senado, esa excepción solo aplica a los senadores Antonio Fas Alzamora y Migdalia Padilla, quienes renunciaron ya a sus salarios y optaron por recibir la pensión a la que tienen derecho por su aportación al Sistema de Retiro del gobierno durante los pasados años de servicio público.

La mayoría de los senadores renunció, además con carácter inmediato, al cobro de las dietas que recibían por su asistencia a reuniones y sesiones.

Solo dos senadores, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP), Itzamar Peña y Carmelo Ríos, se negaron a renunciar a ese pago durante un proceso en el que se fue por lista y uno a uno de los senadores informó si renunciaban o no a ese estipendio.

Peña dijo que renunciaría a las dietas cuando esta legislación se convierta en Ley, mientras que Ríos dijo que renunciaría a las suyas cuando el Partido Popular Democrático cumpla con su promesa de reforma legislativa.

La senadora Margarita Nolasco, también del PNP, no estuvo en el hemiciclo cuando se hizo la consulta por lo que se desconoce su postura.

La expresión pública sobre la renuncia inmediata al cobro de dietas se produjo tras aprobarse una moción de la senadora popular Rossana López, y luego que el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley.

La medida aprobada, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, dispone que “ningún miembro de la Asamblea Legislativa recibirá dietas por asistir a las reuniones y sesiones de la Cámara a la que pertenezca. Se exceptúa de lo antes dispuesto aquellos legisladores y legisladoras que no reciban un salario anual pagadero quincenalmente por estar acogidos a algún sistema de pensión, quienes continuarán recibiendo el monto de las dietas vigentes al momento de la aprobación de esta ley”.

El proyecto no dispone qué se hará con el dinero que se ahorre la Asamblea Legislativa con la eliminación de las dietas. El presidente senatorial Eduardo Bhatia expresó durante el debate que el proceso de reforma legislativa sigue su curso y recordó que hay una comisión conjunta con representación de las ramas Ejecutiva y Legislativa trabajando con el tema.

Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes, informó de que hará expresiones sobre esta legislación este viernes en la mañana, luego de recibirla y leerla.

 Previo a la votación de la medida se autorizó, mediante moción unánime, a los senadores Fas Alzamora y Padilla votar a favor de la legislación entendiendo que su voto no representa ningún conflicto ético por ser ellos dos los únicos que seguirán recibiendo las dietas, tras haber renunciado a sus salarios como legisladores.

En la sesión ordinaria del jueves, el Senado también confirmó a Luis Sánchez Betances como Secretario de Justicia. La votación para este nombramiento se dividió en líneas partidistas con los senadores del PPD votando a favor del nominado, mientras que la delegación del PNP y la única senadora del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP) votaron en contra.

También el Senado aprobó el proyecto de la Cámara que restaura para la Universidad de Puerto Rico el 9.6% del total de los recaudos que reciba el Fondo General del gobierno del Estado Libre Asociado.

La medida aprobada tiene el objetivo de “asegurar que la Universidad de Puerto Rico reciba la totalidad de los fondos que en el pasado recibía producto de la fórmula presupuestaria de ingresos del Fondo General; y derogar la Ley 176-2010, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo Especial para Becas de la Universidad de Puerto Rico”.

Esta última ley es la que autorizó el fondo de becas que aprobó la pasada Legislatura para aminorar el impacto de la cuota de matrícula de $800 anuales, que se impuso a todos los estudiantes de la UPR.

También aprobó una resolución para que se investiguen “alternativas de recaudos diferentes al impuesto sobre ventas y uso (IVU)".