Senado aprueba reforzar la Ley 54

Por Rebecca Banuchi 03/06/2014 | 06:34 p.m.
"Este proyecto representa una nueva garantía para el bienestar de las víctimas de violencia de género", destacó Mari Tere González. (Archivo)  
Departamento de Corrección y Rehabilitación tendría que informar a las víctimas sobre la inminente excarcelación del agresor.

En la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el Senado aprobó este jueves un proyecto que reforzaría la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (Ley 54-1989) para obligar al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a informar a todas las víctimas de estos actos sobre la inminente excarcelación del convicto agresor.

La medida, de la autoría de la senadora popular Mari Tere González, daría carácter de ley a una práctica que ya adoptó la referida agencia a través del Servicio de Aviso a Víctimas sobre el Estatus de Reclusos (Saver), pero que se sostiene por asignaciones federales, y no por mandato legal.

"Este proyecto representa una nueva garantía para el bienestar de las víctimas de violencia de género", destacó González, presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos de la Mujer, durante la discusión de la medida.

Según el proyecto de ley, la notificación del DCR tiene que ser mediante comunicación escrita o electrónica y tendría que ocurrir, al menos, 120 días antes de que el convicto extinga su sentencia y sea liberado.

"De esta forma, la víctima tendrá una cantidad de tiempo razonable para hacer los ajustes correspondientes para garantizar su seguridad, bienestar personal, acorde con su apreciación de los riesgos relacionados a la reinserción a la comunidad de su agresor o agresora", destaca la exposición de motivos.

 El Senado también dio paso a tres medidas que enmendarían la "Ley de Menores" para revertir, en parte, los cambios que implementó la pasada administración en el sistema de justicia de los menores de edad.

Una de las medidas, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, busca restituir la rehabilitación como fundamento filosófico en el sistema juvenil de justicia, en lugar de mantener el enfoque punitivo que impuso el pasado gobierno.

La administración de Luis Fortuño aprobó en el 2011 una ley que dispuso que, si un menor está cumpliendo una medida dispositiva -equivalente a una sentencia en el sistema criminal- y durante ese período incurre en delito procesable como adulto, se vería obligado a extinguir el resto de su castigo como menor en una institución penal de adultos, y consecutivamente cumpliría allí la condena que se le imponga por el segundo delito.

Ese estatuto se fundamentó en la creencia de que algunos menores, estando bajo la autoridad de la Administración de Instituciones Juveniles, cometían un delito que pudiera ser procesado como adulto para que el Tribunal de Menores perdiera jurisdicción sobre ellos, y la medida dispositiva quedara sin efecto. Ello, supuestamente porque podían fijarles penas más bajas por el segundo acto delictivo en la sala criminal del tribunal.

Pero el informe de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, que preside el senador Miguel Pereira, cita comentarios de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que rechazan esa hipótesis, y señalan que el argumento sobre las penas más bajas en el sistema de adultos no se sostiene con evidencia científica, y menos si se toma en cuenta que el cuatrienio pasado se enmendó el Código Penal para agravar las penas.

"Las medidas dispositivas en los procedimientos de menores no son una sentencia en el sentido penal. Por lo tanto, imponer pena de reclusión por el balance de tiempo de la medida dispositiva, máxime cuando esa imposición se basa en la comisión de otro delito, no solo lesiona el mínimo sentido de justicia, sino que violenta también los principios básicos del debido proceso de ley", indica el reporte que recomendó la aprobación de la medida.

Si la pieza, que fue aprobada en votación 18-7, se convierte en ley, el menor solo cumpliría en el sistema de adultos la sentencia que corresponda al nuevo delito y no a la falta cometida originalmente.

El Alto Cuerpo también aprobó un proyecto que le da discreción al procurador de Menores para solicitar la renuncia de jurisdicción en una controversia sobre un menor que sea un primer ofensor y no tenga ningún antecedente en el Tribunal de Menores. Además, ratificó una pieza de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para incorporar la mediación como un método alterno para solucionar conflictos que involucren menores de edad.

 De otra parte, se aprobó, con la oposición de la senadora idependentista María de Lourdes Santiago, una resolución conjunta que reasigna $80,000 a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias para la construcción de una vivienda en la barriada Bitumul, en Hato Rey, para una ciudadana que perdió su residencia en un incendio ocurrido en diciembre de 2012.

Santiago argumentó durante su turno de debate que, al reasignar fondos a la ADEA con esos propósitos, la agencia se torna en el "nuevo barrilito del municipio de San Juan".

"Esto es revivir una institución que ha sido completamente desacreditada y que constituye un desvío irregular (de fondos) para fines que no corresponden a la agencia a la que se han reasignado", puntualizó la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño.