El Senado tenía previsto aprobar hoy, jueves, al anochecer la Ley de Empleos Ahora, cuya consideración en ese cuerpo legislativo comenzó poco después de las 5:20 p.m. y se prolongaría al menos por cuatro horas, según estimaciones iniciales de los legisladores de mayoría.

Durante los primeros minutos de la sesión, las minorías parlamentarias intentaron en vano aplazar el debate y la consideración del proyecto al plantear que era necesario una certificación sobre el impacto fiscal de la medida por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El planteamiento fue hecho, entre otros, por la senadora independentista María de Lourdes Santiago, al destacar que la Ley 103 de 2006 exige la citada certificación, antes de considerar cualquier proyecto de ley que plantee erogación de fondos públicos u otro impacto fiscal.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, reconoció que no existía la certificación, pero destacó que en la ponencia sobre la evaluación de la medida por parte de la designada Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, se establece claramente el impacto fiscal de la medida.

"No hay erogación de fondos públicos", sostuvo Bhatia, quien no ocultó su incomodidad inicial ante planteamientos de Santiago y de legisladores novoprogresistas que insistieron en devolver el proyecto a comisión.

Bhatia minimizó los argumentos de la minoría y calificó que se trataba de "tecnicismos" por entender que la información sobre impacto fiscal "está provista" en los informes ante la consideración de todos los senadores e insistió en que esas argumentaciones estaban "dilantando el proceso" de consideración de la medida.

El senador novoprogresista Carmelo Ríos dijo que La Ley 81 del 31 de agosto de 1991 exige también, antes de considerar medidas como el proyecto de creciación de empleos, una certificación de OCAM sobre el impacto fiscal en los municipios.

Los legisladores del PNP, además, reclamaron esperar por la aprobación de la medida en la Cámara para evitar un debate esteril, ante la posibilidad de que en el otro cuerpo se insertaran enmiendas que cambiaran el texto debatido en el Senado.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Ángel Rosa, durante la presentación formal del proyecto de la Ley de Empleos Ahora, aludió a un "efecto neutro al fisco" y subrayó que la medida procura justicia social, "después de un gobierno que no tuvo piedad en despojar a miles de sus trabajos".

Rosa, al resumir algunos aspectos de la legislación, destacó que concede exención del pago de patentes por 18 meses a negocios nuevos, así como una reducción de la prima del Fondo del Seguro del Estado para ciertos patronos.

También defendió una fórmula de la propuesta ley que permite un estimado de consumo y pago del IVU al calcular el crédito aplicable a empresas generadoras de nuevos empleos, al tiempo que insistió en que es la primera de varias leyes para entrar "en la senda de la recuperación económica".

Legislación para los grandes

La senadora pipiola María de Lourdes Santiago, mientras, repudió el proyecto por entender que es una legislación "para los grandes y los privilegiados".

Santiago cuestionó que la medida exima el pago del bono navideño a ciertos patronos y puso en entredicho que el proyecto propicie una exención a la "modesta prima" del Fondo del Seguro del Estado para empresas que generen nuevos empleos en los que los contratados no estarían debidamente protegidos en caso de lesiones.

La legisladora independentista cuestionó, además, los fondos para subvencionar nuevos empleos al referirse a que la Ley 52 de Oportunidades en el Trabajo, vigente desde 1991, tiene unos $5 millones "comprometidos", según ya se ha consignado en la prensa.

Asímismo, declaró que es engañoso encaminar beneficios marginales como si los patronos estén contratando a tiempo completo y planteó que la medida no garantiza empleos bien remunerados sino de sueldos de unos $1,000 mensuales o de $7.25 la hora, que es el salario mínimo federal.

La senadora novoprogresista Margarita Nolasco, por su parte, estimó que el proyecto tendrá impacto municipal, contrario a los argumentos de los populares

El senador popular José Nadal Power, mientras dijo que el proyecto supone "apoyo al de aquí" y que es una medida sobre "dignidad del trabajo". Dijo que brinda incentivos para la exportación y que provee a empresarios herramientas para propiciar crecimiento en la economía. Nadal Power, finalmente, lamentó que algunos senadores "se agarren de tecncismos" para "no apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico" e instó a votar a favor de la medida.

La senadora estadolibrista Maritere González, por su parte, se refirió a indicadores económicos negativos como cifras de municipios donde el desempleo supera el 20%, así como la reducción de un 12% en el Producto Nacional Bruto. La legisladora opinó que la medida contribuye a revertir el estancamiento económico que confirman diversos indicadores y justificó la aprobación de la legislación.