Senado investigará transacción de la AVP en comunidad de Cayey

Por Rebecca Banuchi 06/03/2013 | 08:36 p.m.
El conflicto respecto a esa comunidad se originó cuando el desarrollador del proyecto presuntamente vendió a la AVP cerca de 50 propiedades.

El Senado, en la sesión ordinaria de este lunes, aprobó de manera expedita una resolución para atender una controversia que involucra a los residentes de la comunidad Villas de Johnny Toledo en Cayey, y a la Administración de Vivienda Pública (AVP), a pesar de que las delegaciones de minoría advirtieron que la aprobación de la medida resulta inadecuada e inefectiva.

El conflicto respecto a esa comunidad, también conocida como Villas de Beatriz, se originó cuando el desarrollador del proyecto, Villas de Beatriz, Inc., presuntamente vendió a finales del año pasado a la AVP cerca de 50 propiedades que no pudo vender a particulares, y la agencia las adquirió con el fin de alquilarlas a través del Programa de Renta Subsidiada a un costo aproximado de $200 mensuales.

 Los residentes en las 48 unidades que fueron vendidas cuando el proyecto se creó en 2009, se oponen a la transacción por entender que sus respectivas propiedades perderían valor si las viviendas son alquiladas por la AVP, y para evitar que eso ocurra, acudieron este lunes al Senado junto al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, en busca de auxilio.

 La Resolución Conjunta del Senado 176 ordena a la AVP, "a cualquier organización pública o privada" a detener durante 90 días todo proceso de venta, arrendamiento, traspaso, uso o cualquier otra transacción relacionada con las unidades "que no han sido vendidas" en el referido complejo de viviendas.

Durante el plazo de 90 días, el Senado investigaría los pormenores de la transacción para determinar si alteran y violentan las condiciones mediante las cuales los compradores originales adquirieron sus residencias. El cuerpo legislativo avaló esa medida investigativa de manera unánime.

Sin embargo, la resolución conjunta que busca detener cualquier gestión de la AVP que involucre las residencias en controversia fue aprobada con 18 votos a favor y nueve en contra de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Los senadores de ambos partidos en minoría argumentaron que la Asamblea Legislativa no puede conceder un remedio a la controversia y que corresponde a la Rama Judicial atender el asunto.

"Esto no resuelve el problema. Es tan sencillo como eso. Esta medida no les resuelve el problema... La Resolución Conjunta 176 no tiene ninguna consecuencia jurídica", argumentó el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, al afirmar que, con la aprobación de la pieza, la mayoría popular está "creando una falsa expectativa" a los residentes en el complejo de viviendas.

"Lo que pretende la Resolución Conjunta 176 que es, digamos, un 'interdicto legislativo', eso le corresponde a la Rama Judicial, no al poder legislativo", añadió el expresidente senatorial.

 Mientras, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, resaltó que la pieza legislativa establece que sus disposiones aplicarían sobre "las unidades de vivienda que no han sido vendidas" a pesar de que todas fueron objeto de un proceso de compra-venta, primero a individuos y luego a la AVP.

"Estamos aprobando algo que no le aplica a nada... Si el 'issue'es que fueron vendidas", dijo la portavoz del PIP en el Senado. "No les estamos solucionando nada. Esto no tiene efecto sobre ninguna casa. Además, el término que se povee es de 90 días, y qué pasa después de los 90 días, no va a pasar nada", afirmó.

Por su parte, el senador Larry Seilhamer, portavoz de la delegación del PNP, advirtió que la depreciación de las unidades ya no tiene remedio.

"Ese evento (la depreciación) ya fue consumado porque la venta comparable se dio... La venta comparable ya se dio, antes de que ocurriera eso, también hubo una depreciación de su residencia por el mero hecho de estar desocupadas aproximadamente 50 unidades", sostuvo Seilhamer.

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