El Senado de Puerto Rico aprobó hoy por unanimidad una resolución en la que se le solicita  al gobernador Ricardo Rosselló y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, la cancelación del contrato con GILA,LLC, entidad que opera el sistema de cobro de peajes en Puerto Rico.

La resolución del Senado 857, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, surge en un álgido momento en que la capacidad operativa de la empresa ha estado en la mirilla pública y ha sido cuestionada tras múltiples denuncias que señalan el cobro indebido de peajes, así como la expedición de multas ilegales.

“Hay un refrán que dice que la culebra se mata por la cabeza… las preguntas que tenemos que hacer entonces son: ¿cuánto más hay que esperar para que alguien en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en el Departamento de Justicia o en el Gobierno va a sugerir cancelar el contrato de esa empresa? ¿Será que hay que hacer una consulta tan profunda? ¿Será que no es evidente el abuso y robo de esta empresa que ha afectado a miles de trabajadores y trabajadoras y contribuyentes? ¿Será que la Junta de Control Fiscal quiere utilizar el cobro excesivo e ilegal para pagar la deuda de Puerto Rico?”, expresó Rivera Schatz.

Además, reclamó, que el Secretario de DTOP, haya emplazado el pasado julio a los empresarios de GILA para que atendieran en un término de 48 horas los reclamos  de los ciudadanos; sin embargo, han transcurrido dos meses desde entonces y las quejas continúan siendo la orden del día y la compañía sigue al frente de la operación del sistema de cobro de los peajes.

“Habiendo tantos reclamos legítimos en los que se ha demostrado que ha sido un abuso lo cometido y que estas multas son viciosas y que, en efecto, son un robo hay gente que arrastra los pies. Y eso es lo que ha ocurrido con la Secretaria de Justicia (Wanda Vázquez) que ha sido irresponsable con esto también”, agregó el presidente senatorial.

De otra parte, y relacionado al mismo tema, los senadores aprobaron también una medida enviada a la Asamblea Legislativa por el gobernador Ricardo Rosselló para restituir a $15 (actualmente es $50) las multas por el alegado uso indebido de peajes.

Este es el tercer proyecto aprobado en un periodo de un año para disminuir el costo de las multas. Curiosamente, las otras dos medidas (Resolución Conjunta de la Cámara 190 presentada en agosto de 2017 y el Proyecto del Senado 642 de agosto de 2018) fueron vetadas por el Gobernador. Cabe destacar que anteriormente  el monto de las multas era de $15 y fue elevado a $50 en el 2017 a través de la Ley 24.

La aprobación de la medida administrativa se da a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal, encabezada por Natalie Jaresko, envío el pasado 4 de septiembre una carta a la Legislatura en la que se advirtió que las multas de AutoExpreso son ingresos para el Fondo General que ya estaban establecidas en el plan fiscal.

Aunque el proyecto se aprobó, recibió una enmienda de la senadora Zoé Laboy, por lo que regresará a la Cámara de Representantes y luego pasará a la firma del Gobernador.

La legislación dispone como requisito que los sellos de los vehículos de motor estén registrados para poder utilizar el sistema de AutoExpreso sin penalidades. La medida faculta al Secretario a desactivar aquellos sellos que no estén registrados. La enmienda de Laboy es para que cuando el DTOP desactive un sello, le envíe al conductor multado una notificación adecuada de la acción tomada.

Referente a esta medida el senador independiente José Vargas Vidot, único legislador que se opuso a la medida, opinó que el proyecto no resolverá el problema de transparencia que hay en la operación de la empresa GILA.

“Esta compañía no es otra cosa que un ladrón con permiso… Que en vez de timarnos con $50 nos timen con $15. ¿Es esa la bondad y gracia del proyecto? El sistema no es confiable, no tiene tecnología para asegurar la transparencia de su operación, nadie cree en él y hay suficiente material en contra de su transparencia”, reiteró en varias instancias.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, cuestionó que la administración y legisladores del Partido Nuevo Progresista quieran bajar las multas cuando el Gobernador vetó otros dos proyectos similares y fue en esta asamblea legislativa que se aumentó el monto de $15 a $50. Dijo que de aprobarse sería un ejercicio “fútil y para las gradas”.

“Quienes subieron la multa fueron ustedes y creo que aquí hay un proceso de mea culpa que no ha pasado hoy y quisiera escucharlo…hoy volvemos a lo mismo y el Gobernador lo volverá a vetar y si no lo veta la Junta de Control Fiscal que acaba de enviar una carta el 4 de septiembre y acaba de decir en su carta que el Proyecto de la Cámara 1724 no cumple con el plan fiscal de Puerto Rico porque reduce los ingresos… pues entonces podemos pelear con la Junta y podemos aprobar esto pero no engañemos al pueblo de Puerto Rico. Lo que pase aquí con las multas no se va a dar”, expresó.