Tras revelarse que la Isla formó parte destacada en el operativo de espionaje que denunció el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingles) Edward Snowden, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, propuso investigar “la naturaleza y el funcionamiento” de los programas de espionaje que han puesto al Gobierno de Estados Unidos en jaque.

Según revelaron varios medios de comunicación de países afectados, la NSA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) utilizaron satélites instalados en la antigua base naval de Sábana Seca, en Toa Baja, para indagar sobre comunicaciones internas. Los programas de espionaje operados desde la Isla se le conocieron como Fornstat y Echelon, según trascendió y denunció Snowden.

"Como parte de los hallazgos arrojados por la divulgación de información, se han hecho señalamientos en varios medios locales y extranjeros indicando que en Puerto Rico se llevaron a cabo operaciones conjuntas de espionaje entre la CIA y la NSA desde la base naval en Sabana Seca, en el municipio de Toa Baja. De acuerdo a los datos publicados, estas operaciones coordinaban la interceptación de millones de comunicaciones en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Venezuela y México mediante un programa llamado 'Fornstat'”, destacó la también vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño.

Ante tales revelaciones, Santiago radicó la resolución del Senado 411, la cual ordena a la Comisión de los Jurídico del Senado a investigar y documentar si el programa incluyó la vigilancia de comunicaciones residentes de la Isla; el estado actual del programa y la infraestructura que la apoyaba, así como el nivel de conocimiento que tuvo el Gobierno de Puerto Rico de este espionaje. También busca identificar cualquier otro asunto relacionado a programas de espionaje que han existido o existen en Puerto Rico.

"La realidad colonial de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos ha permitido la existencia de unas operaciones realizadas sin el conocimiento de los puertorriqueños y muchos menos sin su consentimiento. Peor aún, ha posibilitado unas prácticas de espionaje que han tenido como objeto a ciudadanos, organizaciones y gobiernos en otros países latinoamericanos", manifestó Santiago en comunicado de prensa.

Por último, la portavoz del PIP recordó que la historia de Puerto Rico ha estado manchada por la utilización de recursos gubernamentales, tanto locales como de los Estados Unidos, para intervenir en la vida privada de los ciudadanos y para infiltrarse en organizaciones políticas.

 "Por décadas, la infame práctica conocida como el 'carpeteo', sirvió, bajo un falso manto de asunto de seguridad, para violentar derechos humanos de miles de personas por la única razón de que proponían que nuestro país se convirtiera en una nación independiente", argumentó.