El senador del Partido Nuevo Progresista Ángel “Chayanne” Martínez presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de San Juan para reclamar que se detenga la implantación de la orden administrativa suscrita por la secretaria el Departamento de la Familia (DF), Idalia Colón, que viabiliza que parejas del mismo sexo puedan adoptar. 

Esta es la segunda demanda presentada por algún miembro del PNP en contra de los efectos de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Obergefell v. Hodges, que estableció que ningún estado puede prohibir que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio.

Martínez no entró en los méritos respecto a que se permita a las parejas homosexuales adoptar, pero objetó el proceder de la titular del DF al argumentar que, cuando firmó la orden administrativa, violentó la separación de poderes que garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado, y coartó las prerrogativas de los legisladores para establecer la política pública que regirá en el país. 

“Una orden administrativa no puede ni ir por encima de una ley, ni enmendar una ley, ni derogar una ley vigente”, subrayó durante una rueda de prensa en su oficina legislativa al resaltar que, en Puerto Rico, existe amplia normativa para regular los trámites de adopción. 

“Ningún secretario de agencia puede atribuirse unos poderes que la misma Constitución no les da. La Constitución nos da esos poderes a nosotros (los legisladores)”, añadió.

En el recurso de interdicto, de injunction preliminar y permanente y de sentencia declaratoria, Martínez expuso argumentos similares a los que utilizaron los representantes del PNP María Milagros Charbonier, Waldemar Quiles, Luis “Tato” León y Pedro Julio “Pellé” Santiago en la demanda presentada en contra de la Orden Ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla para que las agencias y corporaciones públicas hicieran los trámites necesarios para que se otorguen licencias matrimoniales a las parejas del mismo sexo en el país.

El contenido de ambas demandas es muy similar, y algunas de sus alegaciones comparten el mismo texto. En ambos recursos, figura como uno de los abogados de los demandantes el licenciado Carlos Efraín Rivera Justiniano. 

Martínez, sin embargo, distinguió ambos pleitos, y reconoció la facultad de sus compañeros legisladores de presentar el recurso en contra de la orden ejecutiva del gobernador, pero dijo que prefirió ir en contra de la orden administrativa del DF debido a que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una controversia sobre el derecho a la adopción de las parejas del mismo sexo (A.A.R. Ex Parte), y reconoció en ese caso la prerrogativa de la Asamblea Legislativa para formular la política pública.

“No se puede gobernar por decreto”, manifestó al criticar que este gobierno haya recurrido a la vía administrativa para promover el uso de la marihuana medicinal y para establecer el marco regulatorio para que se otorguen licencias matrimoniales a parejas homosexuales.

Martínez recordó que la senadora popular Mari Tere González sometió el Proyecto de la Cámara 437 que permitiría a las parejas del mismo sexo adoptar, y destacó que la medida está lista para llevarse a votación en el Senado, y aún no ha sido considerada. 

Censuran a los legisladores del PNP

Ante los intentos de los legisladores del PNP por frenar el impacto de la decisión federal sobre el matrimonio igualitario, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) cuestionó la “insistencia” de los novoprogresistas en “entorpecer el ejercicio de los derechos humanos” de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT).

“A pesar de ser parte de un partido que aspira a la estadidad para Puerto Rico, insisten en que las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos no nos aplican, y recurren a argumentos disparatados”, señaló en un comunicado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

En tanto, Amárilis Pagán Jiménez, también portavoz de CABE, instó a los dirigentes del PNP a expresarse formalmente sobre el tema.

“Parece inaudito que, ante un asunto tan importante, y habiendo líderes de esa colectividad que militan con el Partido Demócrata, no hayan tenido una discusión sobre este tema y no hayan asumido una postura oficial. Han dejado que estos legisladores vayan a los tribunales sometiendo demandas frívolas usando tiempo y recursos del país como si fueran las voces oficiales del PNP. El silencio del liderato del PNP y de los candidatos a la gobernación lo que hace es ‘otorgar’, dar la impresión de que avalan esas posturas homófobas y discriminatorias”, puntualizó Pagán Jiménez.