El senador del Partido Popular Democrático, Jorge Suárez Cáceres, le solicitó la renuncia al secretario de Hacienda, Jesús Méndez, por su presunta incompetencia para hacer valer la ley.

Méndez reconoció que nunca han aplicado la disposición de la Ley 190 de 2009, que exige a imputados de delito que prestan fianza en efectivo someter una certificación que establezca que el fiador es un contribuyente bonafide.

A raíz del requerimiento que hizo el tribunal a Pablo Casellas Toro, acusado del asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón y quien la semana pasada prestó una fianza de $4 millones en dos cheques de gerente, Méndez indicó en entrevista con Radio Isla 1320 que la agencia que dirige ni siquiera tiene un formulario para emitir esa certificación.

"Como es posible que se apruebe una ley para fiscalizar las fianzas que se prestan en efectivo, y el Secretario de Hacienda ni siquiera tiene un formulario para emitir una certificación que evidencie que la persona que prestó la fianza, es un contribuyente bonafide. Este caso de Casellas pone en evidencia la incompetencia y el total desconocimiento de Méndez, quien hoy mismo debería renunciar a su puesto", sentenció Suárez Cáceres.

Asimismo, el senador popular indicó que si Méndez no conoce ningún caso anterior donde se haya solicitado esta certificación, debió utilizar este caso de Casellas para establecer el precedente.

"Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, optó por hacerse el ignorante y justificar su mediocridad. Decir que no hay un formulario, y que él no tiene conocimiento de cómo atender en el Departamento de Hacienda los casos de Ley 190, no puede ser una excusa válida”, aseguró el legislador.

Según Méndez, la ley no incluye al Departamento de Hacienda porque “la ley lo que le exige a un imputado de cargos, sujeto a una fianza, el traer una certificación del fiador…el tribunal es el que tiene la responsabilidad de implantar la ley”..

Tras la determinación de causa para arresto contra Casellas Toro, varios funcionarios gubernamentales, incluyendo al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se atribuyeron como logro de esta administración el que se exigiera una certificación de Hacienda a acusados de delito que pagaran fianzas con dinero en efectivo.