Señalan fallas a Vega Borges

02/01/2013 |
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Un informe de la contralora le atribuye desviaciones administrativas al Gobierno Municipal de Toa Baja.

La contralora Yesmín Valdivieso atribuyó una “administración inadecuada” en las finanzas del Municipio de Toa Baja, que opera con un déficit acumulado de $10.5 millones y que, a juicio de la funcionaria, “debió limitar los contratos” de servicios profesionales.

La Contraloría detectó “serias desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación” en las operaciones del Gobierno Municipal del alcalde Aníbal Vega Borges y la administración del presupuesto en un informe de auditoría que abarcó el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, publicado ayer.

“Dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, señala el informe de 47 páginas.

Los hallazgos incluyen, entre otros señalamientos, déficit presupuestarios en los fondos operacionales, cargos por sobregiros y por servicios en cuentas bancarias del Municipio y atrasos en la preparación de informes fiscales.

Indica el informe que el Municipio tenía un déficit acumulado en los fondos operacionales correspondiente al año fiscal 2008-09 por $13,494,319; al 2009-10 por $22,695,305 y al 2010-11 por $12,148,653.

También dice que al 30 de junio de 2010 se reflejaban sobregiros por $1,286,215 y, en febrero de 2008, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos bancarios por $210,953 por cheques pagados sin fondos, por cargos por financiamiento y por sobregiros diarios.

El alcalde refutó los señalamientos en su réplica al informe, pero la contralora le ripostó que “las situaciones comentadas son reflejo de una administración inadecuada”. La funcionaria, además, indicó que “las mismas son repetitivas” de otro informe de auditoría del Municipio.

Otros de los hallazgos se refieren a préstamos realizados a través de emisiones de bonos para el pago de deudas con entidades gubernamentales, privadas y proveedores y a pagos de intereses, recargos y penalidades por demora en las remesas.

El informe dice que, de septiembre de 2009 a diciembre de 2010, el Municipio realizó cuatro préstamos por $45,610,000 para el pago de deudas contraídas desde el año fiscal 2008-09 con entidades gubernamentales proveedoras del Municipio.

“Estas deudas se acumularon porque el Municipio le hacía los correspondientes descuentos de nóminas a los empleados, según lo requiere la ley, pero no remesaba los mismos a las agencias gubernamentales o entidades privadas correspondientes”, sostiene el informe.

“Tampoco el Municipio remesaba las correspondientes aportaciones y los pagos que venía obligado a realizar a entidades gubernamentales o privadas que le prestaban servicios al Municipio”, añade.

En octubre de 2010, el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) le embargó fondos al Municipio por $3,464,531 que mantenía en dos certificados de depósitos del programa federal Sección 8, con el propósito de cobrar parte de la deuda que tenía el Municipio a esa fecha. En noviembre de 2010, el Municipio pagó la deuda mediante un empréstito con el Banco Gubernamental de Fomento.

La auditoría también le atribuye al Municipio de Toa Baja gastos sobre estimados y reajuste presupuestario contrario a la ley; gastos fuera de la norma de utilidad, modestia y necesidad que rigen el uso de fondos públicos ante una situación fiscal precaria.

Menciona que de enero de 2008 a diciembre de 2010 el Municipio formalizó contratos por $9,592,823 en servicios de publicidad, representación o artísticos, servicios legales y servicios de consultoría administrativa.

“El Municipio debió limitar las contrataciones por dichos servicios debido a su situación presupuestaria”, sostiene la contralora en el informe que, además, incluye en los señalamientos transferencias de crédito contrarias a la ley entre partidas presupuestarias y uso contrario a la ley de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

Además, se atribuye el pago de deudas incurridas ilegalmente, exención ilegal del pago de patente municipal y arbitrios a un contratista, falta de reglamentación para regir algunas operaciones y deficiencias relacionadas con las recaudaciones.

El alcalde reaccionó indicando que el informe no señala ningún acto de corrupción.

“Lo que señala son actuaciones administrativas de las cuales concurro con algunas y difiero de otras”, sostuvo Vega Borges en entrevista telefónica.

“Ella (la contralora) dice que se hizo un pago ilegal que corresponde a Servicios Generales. Se le pagó $89,000 porque, cuando ellos corroboraron la información que tiene que ver con gasolina, ellos tenían unos recibos donde tenían las tablillas, firmas de los empleados del Municipio y tenían también los números de licencias que ponen los conductores. Yo tenía dos opciones. Ir al tribunal y pelear eso, y el tribunal iba a fallar a favor de ellos, o pagar la gasolina, lo que hice”, argumentó el alcalde penepé.

También se defendió indicando que hay una ordenanza aprobada por su antecesor, Víctor Soto, que otorga exención contributiva a los contratistas de proyectos de viviendas de interés social. “Todos los abogados que he consultado dicen que la ordenanza está conforme a derecho”, dijo.

“Concurro con ella en que hay que trabajar con el déficit presupuestario. Todo eso hay que ponerlo al día porque ya yo no le debo al IRS. Le pagué y lo mantengo al día. Concurro con ese señalamiento. Difiero en que no se puedan hacer transferencias de partidas. Eso se hace y que se tengan las certificaciones. No concurro con ella en los gastos que ella dice que se han hecho para campañas como la de No balas al aire”, sostuvo el alcalde.

Dijo que en un presupuesto de cuatro años de $280 millones se justifica el gasto de $381,000 en las campañas de No balas al aire, no alcohol en las carreteras, no violencia contra los niños, no violencia contra la mujer, no suicidios.

También defendió las becas que otorga el Municipio a estudiantes y atletas. “Mis prioridades son esas, deportes y educación”, indicó.

Sobre los señalamientos de que en su gobierno hay una administración inadecuada del presupuesto, dijo que la pasada administración le dejó un déficit operacional de $8 millones.

“En este momento lo tenemos en $10.6 millones. Tenemos que trabajar con eso. Por eso es que estoy tomando las medidas necesarias”, dijo Vega Borges.

Criticó a la contralora por incluir en los señalamientos los gastos en fiestas patronales. “Ella misma lo promueve. En la última reunión con los alcaldes ella dijo que podíamos hacer fiestas patronales, sin embargo, ahora lo señala”, dijo.

Justificó los abundantes contratos de servicios profesionales que les fueron otorgados a varios políticos derrotados de su partido. “Con relación a los contratos, hemos ido argumentándolos uno a uno”, indicó para alegar que no tiene contratos de millones con nadie.

“En $280 millones en cuatro años que se haya gastado $4 millones en contratos, pues yo creo que es razonable por los servicios que se prestan. No representan ni un dos por ciento del presupuesto”, sostuvo Vega Borges.