Sigue corriendo el reloj y la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúa sin presidente, sin quórum en su Junta de Gobierno y con un borrador de presupuesto que tendrán que manipular para alcanzar los $162 millones, cifra final de los recortes por parte del gobierno a la asignación establecida por una fórmula

Pero el encargado de hacer los ajustes será el equipo de presupuesto de Administración Central (AC), ya que los rectores de los once recintos ya habían elaborado sus borradores contemplando un recorte de $149 millones, la primera cifra que soltó el gobierno y que luego ascendió a $202 millones en el presupuesto general del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. 

El viernes pasado, finalmente, se anunció que serían $162 millones.

“Tenemos el reto de cuadrar ahora el presupuesto en esta semana con el nuevo recorte. Mejor $162 a $202”, expresó ayer la directora interina de la Oficina de Presupuesto, y afirmó que se harían en áreas administrativas, ya que los rectores no pueden ser más y, de hacerlo, significaría trastocar la oferta académica. 

Pero la Junta de Gobierno (JG) tiene que aprobar el presupuesto y ese cuerpo rector sigue sin quórum, ya que el Senado no ha confirmado a los dos nombrados por La Fortaleza, los abogados Zoraida Buxó Santiago y Walter Alomar Jiménez.

Sin embargo, incluso sin la JG operante, el segundo cuerpo de mayor jerarquía en la institución, la Junta Universitaria, no tiene la potestad para tomar decisiones referentes al presupuesto más allá de proponer ajustes, explicó la directora ejecutiva de la Oficina de Presidencia, Yvonne Huertas Carbonell.

“El problema aquí es uno de que las obligaciones y deberes de un presidente son indelegables, por lo tanto, dada la situación atípica, no es que se le esté quitando legitimidad a ningún cuerpo (a la Junta Universitaria), es que las propias circunstancias hacen inoperantes esos cuerpos”, sostuvo al ser cuestionada sobre una reciente opinión legal que planteaba lo mismo.

El asunto es que las reuniones de la Junta Universitaria, compuesta por rectores, profesores, estudiantes y miembros nombrados por presidencia, es convocada por el presidente y, claro, tampoco hay presidente. 

Sin quórum en la JG, no se puede nombrar a uno.

Pero el equipo de presupuesto se mostró confiado en que las dos semanas que falta para que culmine el año fiscal, serán suficientes para que el Senado confirme a los dos nominados y fluya el resto del proceso para aprobar un presupuesto, que hasta entonces no será más que un borrador.

Si no hay un presupuesto aprobado al 1 de julio, Huertas Carbonell explicó que la ley establece que se debe asumir el presupuesto del año fiscal vigente, esta vez, con los ajustes correspondientes.

“Al 1 de julio la vida va a continuar en la Universidad. Las remesas van a continuarse recibiendo, por lo tanto, estos asuntos quedan en suspenso y todavía tenemos la esperanza de que se resuelva antes del final de mes”, afirmó.

Los administradores universitarios adelantaron que se espera que la confirmación de los nominados ocurra esta semana.

José Estrada Peña, director asociado de la Oficina de Presupuesto, resaltó que en el borrador actual las unidades más impactadas por el tijeretazo son la Administración Central con 15% de su presupuesto y la Junta de Gobierno, con 20%. 

Los recortes en los recintos circulan entre un 7.25% y 10% y en su mayoría se obtuvieron a través de la congelación de plazas. 

No fue hasta el viernes pasado que acabó el vaivén por parte del Gobierno y anunciaron a la institución educativa que, además, se identificaron partidas de $15 millones adicionales para mejoras permanentes y $15 millones para gastos operacionales. 

El equipo fiscal del Ejecutivo se comprometió en garantizar al menos $10 millones a la Universidad de Puerto Rico por concepto de otorgación de servicios a las distintas agencias.

También permanecerán en la UPR otras asignaciones especiales, como el presupuesto de la Red Sísmica y programas operados por el Recinto de Ciencias Médicas, que se habían contemplado trasladar a otras agencias. 

Así, finalmente, el recorte se concretó en $160 millones. 

En el borrador no se contempla un aumento en la matrícula o en cuotas.