Los jefes del Departamento de Educación (DE) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrán que rendir cuentas personalmente ante la Comisión senatorial de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo sobre el funcionamiento del Programa de Educación Especial y cómo los servicios que recibe el estudiantado con diversidad funcional se afectaron a raíz del cierre de decenas de planteles al finalizar el pasado año escolar.

Y si no comparecen, se exponen a que un tribunal intervenga y ordene su arresto por desacato.

La senadora Mari Tere González, presidenta de la referida comisión legislativa, anticipó que citaría la semana próxima a los dos funcionarios bajo apercibimiento de desacato ante la ausencia de ambos a una vista pública en la que, además de discutir el impacto del plan de reorganización escolar, se evaluaría el uso de los fondos asignados al DE para transportación escolar.

La moción con la propuesta de la citación so pena de desacato fue presentada por la senadora Rossana López, y apoyada por los legisladores de mayoría y minoría que participaron en una caldeada vista en la que sólo Carlos Rivas, director ejecutivo de la OGP, envió una representante, la licencida Ana Garcés, y fue muy poco lo que pudo aportar sobre los temas en discusión.

El secretario del DE, Rafael Román, en tanto, se limitó a enviar tardíamente un escrito en el que su asesora legal, Jocelyn Carrasquillo, confirmaba que no podría asistir a la vista "debido a compromisos ineludibles relacionados a sus deberes ministeriales". Minutos después de confirmar que el secretario se había excusado, González comentó a viva voz que el funcionario había sido visto en esos instantes en una entrevista en directo en una televisora.

"Yo, al igual que el País y que todos los servidores públicos, y sobre todo, los padres y madres de los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial, tenemos un interés revestido de mucha importancia para que se atienda esta investigación abarcadora de una manera responsable", manifestó molesta González.

"Vamos a hacer valer todo los mecanismos que tengamos a la mano para que el trabajo se pueda realizar porque, hasta el momento, las preguntas no se están contestando", subrayó.

Tras conocer los comentarios de los miembros de la comisión y su intención de citar a ambos funcionarios bajo apercibimiento de desacato, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, tronó contra los legisladores, y censuró la "amenaza" a los jefes de agencia.

“El personal de La Fortaleza se comunicó en el día de ayer, lunes, con la senadora Mari Tere González, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, para excusar al secretario de Educación de la vista a la cual estaba citado debido a que tenía una actividad junto al gobernador en Isabela. En la comunicación, se le solicitó una fecha posterior, y la senadora accedió sin exponer ningún inconveniente", manifestó Colberg en declaraciones escritas.

"En el caso de OGP, la agencia compareció a través de una funcionaria que leyó la ponencia correspondiente... Nos parece desacertado que se estén amenazando funcionarios públicos que nunca se han negado a comparecer ante una comisión legislativa", agregó.

La situación acontecida en la vista provocó gran malestar a la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, autora de la pieza relacionada con el cierre de escuelas y quien preguntó con insistencia aspectos básicos como dónde se originó la determinación de clausurar las instituciones, en qué se fundamentó la decisión y qué participación tuvo la OGP en ese análisis.

"El proceso de la consolidación de las escuelas fue un proceso liderado por el DE. OGP, tal vez, lo que puede hacer en algún momento es que puede hacer proyecciones del gasto que representa la operación...", indicó Garcés.

"¿'OGP, tal vez, puede hacer proyecciones' quiere decir que OGP las hizo o no las hizo?", preguntó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño.

"Desconozco", contestó la deponente, quien, al leer el memorial firmado por el director ejecutivo de la OGP, precisó que el cierre de las escuelas produciría un ahorro estimado de $18.5 millones.

Ante la escasa información que brindó la abogada y la ausencia de Román, Santiago no ocultó su enojo e insatisfacción.

"El Senado tiene la facultad raramente utilizada de llegar a solicitar el arresto de una persona que se resista a comparecer, y me parece que esa facultad debe ser utilizada, y que se le haga claro al Secretario (del DE) que no vamos a tolerar este tipo de ligereza y que, por lo tanto, si no comparece personalmente se arriesga a ser arrestado y traído por los medios que sean necesarios", advirtió Santiago.

Los senadores también indagaron sin éxito sobre el incumplimiento del DE con las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez sobre los servicios que recibe la población de educación especial y sobre el retraso en la aprobación, por parte de la OGP, de los nombramientos de los asistentes de servicios, también conocidos como T1.

El senador Ángel Rosa, por su parte, resaltó que no es la primera vez que la OGP incumple con los requerimientos que le hace una comisión legislativa.

"Ya está bueno de este tipo de falta de respeto del proceso legislativo. En OGP no hay respeto por los procesos legislativos. Es una cultura que hemos visto a lo largo del cuatrienio", opinó Rosa.

A su salida del salón, Garcés insistió en que la agencia que representó cumplió con lo solicitado, y dijo que, en su citación, la comisión no estableció que la comparecencia de Rivas era compulsoria. La abogada mostró a este medio el documento, que sí enfatiza que quien represente al titular de la agencia debe estar en posición de poder responder las interrogantes de los senadores.

Garcés dijo también que la línea de preguntas se desvió, en ocasiones, del contenido de las resoluciones investigativas. "No querían aceptar las respuestas que son asuntos programáticos del DE, que es el que está en posición de ofrecer información", sostuvo.

A la vista, también compareció el Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, cuya presidenta, María del Carmen Warren, reiteró que durante la implementación del plan de reorganización de escuelas, el DE cometió múltiples violaciones a las leyes y derechos que cobijan al estudiantado de educación especial.

En específico, comentó que el Gobierno violentó la Ley federal para la Educación de los Individuos con Discapacidades (IDEA, en inglés) y estatutos locales al asignarle una nueva escuela a los alumnos sin consultarle a los progenitores, ni al personal encargado de sus servicios.

"El DE incurrió en una violación sistematizada del derecho de cada uno de los sobre 3,000 estudiantes con impedimentos que estaban ubicados en las escuelas cerradas. Al presente, como pudieron ver la pasada semana, hay estudiantes que no han podido recibir ningún servicio educativo debido a que su escuela anterior fue cerrada y la escuela asignada tiene salones total y completamente vacíos", puntualizó Warren.