Una resolución tripartita para que se investigue el proceso utilizado por el Departamento de Educación para el cierre de escuelas en el país, particularmente aquellas con matrículas de educación especial, fue radicada ante el Senado de Puerto Rico con las firmas de senadores de los tres partidos políticos allí representados.

La disposición es para ordenar a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, realizar una investigación abarcadora sobre el procedimiento seguido por el Departamento de Educación con las y los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial que serán reubicados en otras escuelas debido al cierre del plantel.

La medida fue radicada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, y se unieron el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Larry Seilhamer, y la presidenta de la comisión a la que se asignaría la investigación, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Maritere González.

 Durante la conferencia de prensa que convocaron hoy los tres senadores, la senadora novoprogresista, Margarita Nolasco también respaldó la resolución.

“Es obligación de este cuerpo legislativo, en atención a sus facultades investigativas y fiscalizadores, evaluar las medidas tomadas por el Departamento de Educación en relación a los estudiantes de educación especial ante el próximo cierre de unas cien escuelas, y procurar que los derechos de esos niños y niñas sean protegidos”, lee la resolución.

Los tres senadores proponentes coincidieron en que el Departamento de Educación no incluyó entre sus criterios la situación de los estudiantes de educación especial al determinar el cierre de escuelas y el traslado de estudiantes.

“El Departamento de Educación ha promovido una crasa violación de ley”, afirmó Santiago al señalar que antes del cierre del periodo escolar se tuvo que redactar un Programa de Educación Individualizada con cada estudiante en el que tenía que incluirse la ubicación de su escuela.

“Se ha creado un disloque por voluntad propia del Departamento de Educación”, agregó la legisladora pipiola y predijo que, de no corregirse la situación podría tener consecuencias muy importantes relacionadas con las ordenes que ya ha emitido el Tribunal Federal en Puerto Rico en torno a la educación especial.

 Por su parte la senadora González denunció que existen planteles donde hay matrícula considerable de estudiantes de educación especial que están en la lista de cierres.

 Aunque reconoció que pueda ser necesario el cierre de algunas escuelas, indicó que “lo que estamos recabando es que se haga el trámite pertinente y que los servicios educativos se puedan asegurar en las escuelas puertorriqueñas”.

“Tiene que ser a la luz del análisis sensible”, abundó.

Seilhamer, mientras tanto, criticó que en el listado de criterios que hizo público el secretario de Educación, Rafael Román, no se incluyó las necesidades de los estudiantes de educación especial.

“Para nada se consideró nuestro estudiante de educación especial”, afirmó. “Ese criterio quedó omitido”, dijo.

La resolución deberá aún colocarse en calendario de votación en el Senado para ser considerada.