No parece haber espacio para negociar el recorte de $512 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según los integrantes de la Junta Universitaria (JU) que se reunieron ayer con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III, el funcionario “estipuló que, en esencia, la UPR es un servicio esencial. Ya con eso tuvimos bastante tranquilidad”, afirmó el rector de Cayey, Mario Medina.

“Por ley, una vez identificas cuál es el servicio esencial, la jueza en Nueva York, Laura Taylor Swain (encargada del proceso de restructuración de la deuda), tendría que asegurarse que el dinero necesario para ofrecer ese servicio esencial, se proteja”, defendió el rector, aunque es al gobierno de Ricardo Rosselló al que le corresponde definir los servicios esenciales.

De todos modos, lo vieron como un buen punto de partida y definieron como positivos los resultados del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas privadas de Carrión en Hato Rey.

El representante estudiantil de Humacao, José Jiménez, explicó también que allí se cuestionó si el tijeretazo sería de $512 millones al año 2025. La respuesta fue un “sí, pero que la universidad podía presentar, dentro del plan fiscal, una nueva propuesta que generará ingresos”.

En la reunión presentaron las bases de un plan fiscal que elaboró un grupo de economistas y docentes, principalmente del recinto de Mayagüez, junto al director de la Oficina de Finanzas de la UPR, Norberto González Pérez.

“Les reiteré la importancia de que la administración universitaria someta cuanto antes un plan fiscal para la UPR que esté enmarcado dentro de y sea consistente con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico”, se limitó a expresar Carrión III en declaraciones escritas enviadas a la prensa.

“La JSF pondrá todos los recursos que tiene disponibles para evaluar justa y responsablemente el plan fiscal”, agregó.