La pugna entre el Gobierno y la empresa de ambulancias aéreas Aeromed se complica. 

En una audiencia pública ayer sobre  presupuesto,  la secretaria de Salud, Ana Ríus, dijo que Aeromed hace vuelos no autorizados por el Cuerpo de Emergencias Médicas y luego los facturaba.

La directora de Emergencias Médicas, Rosana Otaño, que también participó de la vista pública, afirmó que a Aeromed  se le debe “menos de medio millón de dólares”, deuda que no se puede pagar porque el Banco Gubernamental de Fomento cerró el acceso a los fondos de las llamadas al número de emergencia 9-1-1.

Otaño explicó que el presupuesto general del País no consigna ninguna partida para los helicópteros-ambulancia, que eso se paga con los fondos del 9-1-1, pero que aun así se le pidió una asignación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, “que está trabajando con el asunto”.

 Aeromed alega que el Gobierno le debe $4.4 millones.

Ríus y Otaño aceptaron, por otro lado, que el Gobierno erró al no firmar un contrato con Aeromed; al quedarse también a la merced de una sola compañía, que en un momento dado se quedó sin competencia.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se comprometió a auscultar si el servicio aéreo de ambulancia podría manejarlo el propio Gobierno al adquirir mediante financiamiento dos helicópteros valorados los dos en $15 millones.

Hernández dio a conocerque es posible que proponga un  recorte al Centro Comprensivo de Cáncer –el proyecto más querido del gobernador Alejandro García Padilla  y de su hermano Antonio,  ex presidente de la Universidad de Puerto Rico,-, parte de los $67 millones que le fueron asignados en el presupuesto de 2016-2017 para completar su construcción; el dinero  le  llegaría a través del  Departamento de Salud, que deberá fiscalizar su uso.

Pospondrán pagos

 Hernández indicó que pronto presentará legislación para extender por cinco años los pagos del servicio de la deuda del País que están por vencer, inclusive los $2 mil millones que deben abonarse el 1 de julio entrrante.

“Se trata de comprar tiempo para hacer un plan de reformas, de la reforma del gobierno y otras que tendrá que realizar el próximo gobierno”, explicó Hernández, quien agregó que  todos los vencimientos se moverían cinco años y  el 1 de julio se pagarían por lo menos los intereses de la deuda, para no caer en un impago.