La conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Ricardo Rosselló no llegaron hoy a un acuerdo para dar paso a la propuesta eliminación de la Ley 80 de despido injustificado en el sector privado como propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“En el caso del Senado la vamos a evaluar, vamos a exigir la información y si nos convence lo apoyamos, pero si no hay datos que sostengan la posición de eliminar la Ley 80, en mi caso en particular no tiene paso”, sentenció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien fue el primero en dar declaraciones a los periodistas, tras culminar la reunión de hora y media, en el Capitolio.

Rivera Schatz aseguró que hasta el momento no le han presentado “ninguna información de que eliminando la Ley 80, la economía crece”.

Contrario a lo que anunció anoche La Fortaleza de que la Legislatura sometería legislación para derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1986 en o antes del 27 de junio de 2018, al salir del cónclave el Gobernador anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto de ley y que los legisladores de la mayoría se comprometieron a evaluarlo. Sin embargo, no hubo compromiso de caucus de aprobar la medida.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, aunque dijo que evaluará la medida en sus méritos, puso en duda la efectividad de la Ley 80.

Según Méndez bajo la Ley 80 se radican 2 mil casos al año, en foros administrativos y judiciales “y apenas prospera el tres por ciento”.

“Me tienen que justificar el valor de la Ley 80. Hay otras leyes protectoras en el foro federal y en el foro local”, dijo el Presidente de la Cámara.

“Hay una que es la ley para proteger a las mujeres embarazadas, a la mujer trabajadora. Hay leyes que protegen en contra del discrimen por razón de sexo, por muchas otras razones”, sostuvo Méndez.

Según el líder legislativo bajo la Ley 80 el peso de la prueba está en trabajador. “Básicamente da una presunción de que el patrono actuó correctamente y al final lo que le da es una mesada al trabajador” alegó.

-“¿Si la ley no tiene ningún efecto como usted dice , cuál es el interés de eliminarla, qué es lo que gana el sector privado?, le preguntó un reportero.

“Eso precisamente es lo que queremos que nos justifiquen. Esto no es un cheque en blanco. Le dijimos al Gobernador que someta la legislación que nosotros vamos a hacer la evaluación y nos lo tienen que demostrar en las vistas públicas”, dijo Méndez.

El Gobernador por su parte, insistió en que el acuerdo que llegó con la JSF “es meritorio” y pidió a los legisladores que lo evalúen.

“Nunca he dicho que es el acuerdo perfecto, pero sí es el acuerdo que le da resultados tangibles al pueblo de Puerto Rico, a los sectores más vulnerables y que nos permite adelantar nuestra economía y eliminar la incertidumbre en estos procesos, poniéndonos en una posición más fuerte para reestructurar la deuda”, dijo Rosselló.

Según el Gobernador, el trabajador puertorriqueño tiene protecciones “en un sinnúmero de leyes adicionales” y dijo que la Ley 80, “se presenta como un obstáculo para poder traer un mayor número de compañías de pequeños y medianos comercios para Puerto Rico”. Añadió que los economistas que han consultado sostienen que eliminar el estatuto “tendría .2 de crecimiento en la economía”.

En torno a la reducción de las pensiones, Rosselló dijo que “hay un desacuerdo porque las distancias son muy grandes” y sostuvo que en este presupuesto “no se recorta nada a las pensiones”.