Las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes respecto a la manera en que debe operar el Bosque Modelo terminaron por frenar el paso del proyecto de ley en la Legislatura, y no será hasta la próxima sesión ordinaria, en agosto, que se conocerá su futuro.

Tras seis meses de trámite legislativo, el senador Cirilo Tirado y el representante César Hernández, presidentes de las comisiones a cargo de la evaluación de la medida en ambas cámaras, no pudieron llegar a un acuerdo sobre la versión final de la medida, y determinaron posponer la discusión hasta agosto, confiados en que podrán superar los desacuerdos en poco tiempo.

La principal discrepancia gira en torno a si debe crearse o no una nueva entidad pública que esté a cargo del desarrollo del proyecto del Bosque Modelo, que se extendería a través de una superficie de unas 390,000 cuerdas de terreno, desde Cabo Rojo, en dirección noreste, hasta Vega Baja.

La versión que aprobó la Cámara alteró la propuesta original del Ejecutivo, y estableció que la Oficina del Bosque Modelo operaría como un programa adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y eliminó la asignación de $1 millón que se había dispuesto para poner a funcionar la nueva entidad. El Senado, por su parte, enmendó la legislación, y restituyó la oficina como un ente separado en busca de darle mayor independencia al proyecto de planificación especial.

Hernández, presidente de la Comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, indicó que entiende a quienes abogan por mayor independencia para la estructura, y dijo que evalúa de qué manera se puede atender esa inquietud sin que represente una carga onerosa al erario.

“Nosotros nos mantenemos en que, bajo la actual situación fiscal del País, y lo que sucede en las demás corporaciones públicas, estamos buscando un ente independiente, dentro de la estructura, que atienda las preocupaciones de los grupos (comunitarios) y la de un grupo de compañeros que entiende que crear una corporación pública no es lo más conveniente para el País”, señaló el representante popular en entrevista con este medio.

La pieza legislativa crearía tres nuevas entidades: la Oficina del Bosque Modelo, que operaría por un período de 10 años mientras el proyecto se gesta y comienza a desarrollarse; la mesa multisectorial, que estaría a cargo de delinear el plan estratégico de esta iniciativa junto a la oficina pública, y el Fideicomiso del Bosque Modelo, cuyo deber será dar seguimiento al plan y financiar el proyecto.

Hernández entiende que una posible salida podría ser reconocerle mayores facultades a la mesa multisectorial, que estaría compuesta por representación del gobierno y de diversos sectores no gubernamentales, para que sean ellos los que tracen el plan de trabajo y el plan estratégico.

“Es un asunto más procesal de cómo se trabaja el asunto, de atender a las comunidades y el desarrollo. Creo que se debe crear ese ente que le dé la mayor independencia posible a este proceso, y en mi opinión, entiendo que sería la mesa la que le puede dar esa independencia, prescindiendo de una corporación porque el fideicomiso, al final del camino, es el ente que se quedaría manteniendo lo que es la política pública”, sostuvo.

Tirado, presidente de la Comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales, dijo que prefirió posponer la aprobación del informe del comité de conferencia, en el que senadores y representantes analizaron las enmiendas incluidas, para tener oportunidad de discutirlas en detalle con todas las partes involucradas en el Bosque Modelo.

“En aras de mantener un consenso en este asunto, y como todos los grupos habían acordado aceptar la propuesta que salió del Senado, opté por recomendar que no tomáramos acción sobre el proyecto hasta que nos pongamos de acuerdo sobre asuntos con todos los sectores”, manifestó por separado el senador.

Tirado defendió la versión del proyecto avalada por el Senado, y resaltó que contó con el favor del Departamento de Agricultura y el DRNA, dos de las agencias que mayor injerencia tendrían sobre el proyecto.

“Aquí el Senado salió con un lenguaje sencillo, donde la secretaria de Agricultura (Myrna Comas) estaba de acuerdo, la secretaria del DRNA (Carmen Guerrero) respaldó el proyecto tal y como salió, y Arturo Massol (de Casa Pueblo), y grupos de agricultores que anteriormente se oponían. No había razón alguna para volver a tratar de cambiar la configuración de la estructura que habíamos acordado”, puntualizó el legislador.