Una empleada de un bufete legal fue despedida luego de auscultar con la gerencia de la empresa si podían extenderle el plan médico a su compañera en unión de hecho.

Una semana después de la petición, la mujer encontró su escritorio vacío, y su supervisora le indicó que la despedía por incumplir los reglamentos de la compañía, aunque días antes le habían dado un reconocimiento por su buen desempeño. Ella estaba convencida que la habían separado de su puesto por ser lesbiana.

Ese fue uno de los testimonios que cobró vida este martes a través de Carlos Miguel Marín, coordinador de la Community Network for Clinical Research on AIDS (CONCRA) en Puerto Rico, quien junto a otras 14 entidades compareció ante la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos para comentar el proyecto de ley que prohibiría que se discrimine en el empleo, o en cualquier gestión pública o privada, contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género.

"Me afectó (el despido) mucho porque llegué hasta a dudar de mi profesionalismo. Me botaron porque no me querían por lo que yo hacía en mi intimidad", relató Marín al leer el testimonio de la mujer de 24 años.

Sus declaraciones son compatibles con los hallazgos de un estudio presentado por la Comisión de Derechos Civles (CDC), que concluyó que, en Puerto Rico, el 47% de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) percibe que "la Isla no es un lugar seguro para ellos", y la gran mayoría coincide en que "es peligroso dar a conocer la orientación sexual".

La investigación hecha por el sicólogo José Toro Alfonso, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, se centra en los servicios que prestan algunas agencias públicas como la Policía y los departamentos de Justicia y el de la Familia.

"El estudio demostró cuán intolerantes son las agencias de gobierno con esta comunidad y el grave problema de exclusión social, de tal manera que hasta un 43% ha sentido el prejucio en alguna agencia", resaltó Joel Ayala Martínez, asesor legal de la CDC, al discutir el análisis encomendado por esa institución gubernamental.

 La ausencia de estadísticas o de una base científica que justifique la aprobación de la medida del senador popular Ramón Luis Nieves fue uno de los argumentos esbozados a lo largo de la audiencia por los opositores, entre los que figuró la pastora Wanda Rolón, de la institución Dios Alumbra a Puerto Rico, entre otros grupos religiosos, además de la senadora novoprogresista Itzamar Peña, quien consignó sus reparos durante su turno de preguntas.

En sus respectivos turnos, Ayala Martínez y el activista Pedro Julio Serrano Burgos, de Puerto Rico para Todos, plantearon que la falta de datos estadísticos responde a que no existen registros de querellas, pues el Estado no reconoce la orientación sexual ni la identidad de género como causales de discrimen.

"¿Cómo va a haber estadísticas si no reconoces que ese discrimen existe?", cuestionó Serrano Burgos, quien se presentó acompañado de madre Alicia Burgos y su padrastro Héctor Mújica.

 El primero en la larga lista de ponentes fue el secretario designado del Trabajo y Recuros Humanos (DTRH), Vance Thomas, quien propuso como enmienda que se exima de la aplicación del proyecto de ley a las iglesias y organizaciones religiosas por entender que incluirlas violentaría la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado.

"En aras de establecer un justo balance de intereses entre el respeto a la libertad de culto y el respeto a la igualdad en el lugar de empleo, recomendamos que se incluya una cláusula en la cual exima de esta enmienda a ciertas organizaciones religiosas", afirmó Thomas durante la vista efectuada en el salón Leopoldo Figueroa, que estuvo atestado de público, no así de senadores.

"Exhortamos a que esta disposición contenga parámetros claros para su aplicación que distingan entre las actividades ecuménicas y comerciales llevadas a cabo por estas organizaciones", subrayó Thomas.

Myriam Costa, directora interina de la Unidad Antidiscrimen del DTRH, sostuvo que el estado de derecho actual mantiene a los miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT) en una condición de "desamparo jurídico".

Precisó que unas 72 personas al año visitan esa oficina con la intención de querellarse contra su patrono por acciones discriminatorias a raíz de su orientación sexual o identidad de género, pero los empleados tienen que advertirles que no existe protección legal para ellos.

"Si es un caso exclusivamente por orientación sexual, no hay protección legal alguna", destacó Costa, quien agregó que los casos que pueden atender son aquellos en los que el patrono toma acciones adversas en contra del empleado por manerismos u otras manifestaciones estereotipadas sobre lo que debe ser la conducta o apariencia de un sexo determinado.

Esas situaciones se manejan como casos de discrimen por sexo. Sin embargo, si la persona expresa abiertamente su orientación sexual, no tendría una causa de acción, comentó Costa.

El senador Nieves adelantó que la comisión trabaja en un nuevo lenguaje para aclarar que "esta ley no le va a aplicar ni a la Iglesia ni a las organizaciones asociadas a las iglesias".

Sin embargo, la enmienda propuesta no convenció a las organizaciones religiosas y moralistas, que además de Rolón incluyó también a Morality Media y el Tribunal Cristiano.

Rolón planteó que, aún con los cambios propuestos, la pieza legislativa atentaría contra las creencias religiosas y principios morales de personas que administran o tienen una empresa privada.

"Algunos patronos tienen razones legítimas para considerar la conducta sexual de un empleado o un candidato a empleo al momento de tomar decisiones sobre el empleo. Estas situaciones incluyen, por ejemplo, escuelas, grupos u organizaciones religiosas o aquellas con fundamentos morales, cuando tratan con maestros, líderes u otras posiciones que sirven de ejemplo a niños y jóvenes", dijo Rolón.

"Este proyecto prohíbe que estas entidades se adhieran a sus convicciones morales o religiosas obligándolos a contratar o prohibiéndoles descartar personas que ejecutan abiertamente una conducta homosexual o cualquier otra conducta que pudiera caer en las llamadas orientaciones sexuales que este proyecto no define y lo deja a una enorme incertidumbre", añadió la pastora.

La medida recibió críticas adversas incluso de quienes apoyan su objetivo, quienes recomendaron que se definan claramente y se disitinga lo que constituye "orientación sexual" e "identidad de género", y que se establezcan protocolos y módulos educativos para la efectiva implementación de la política antidiscrimen que se pretende implementar.

Contrario a los casos de discrimen por color, raza u origen nacional, entre otros, los miembros de la comunidad LGBTT actualmente carecen de un remedio legal que los proteja contra actos de esa índole por su orientación sexual o su identidad de género. Ninguna de esas causales están reconocidas en el ordenamiento jurídico bajo "discrimen por razón de sexo".