El banquero puertorriqueño Carlos García, antiguo directivo del Banco Santander en Puerto Rico, desvió mil millones de dólares de un fondo para proyectos de agua y alcantarillado a transacciones financieras que llevaron a la insolvencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Así lo dice un estudio de la plataforma sindical estadounidense AFL-CIO titulado "El saqueo del fondo de infraestructura de Puerto Rico", difundido hoy en Puerto Rico por su presidente en la isla, José Rodríguez.

El análisis también revela que García lideró la emisión de mil millones en bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, por su sigla en inglés), y las de pagarés del BGF de 2009 a 2011.

El informe asegura que el antiguo empleador de García, el Banco Santander "ganó millones como asegurador principal o participante en estas transacciones".

Santander es uno los principales poseedores de bonos de Cofina.

El análisis llevado a cabo por AFL-CIO también considera que "los conflictos de intereses se extienden ahora a García en su papel" de miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico.

La relación de García con el Santander y su papel en el BGF bajo la administración del exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño "comprometen su capacidad para poner en práctica un programa fiscal justo y que responda a las necesidades humanitarias del pueblo de Puerto Rico", señala el estudio.

Además, AFL-CIO opinó que a García se le ha dado otra oportunidad de ayudar a resolver la crisis de la deuda "con la misma fórmula fallida que se utilizó para agravarla: desviar recursos públicos de Puerto Rico a los acreedores de Wall Street, reducir los gastos públicos vitales y dejar en manos de los intereses privados el control de los proyectos de infraestructura esencial".

Por último, señaló que García debe renunciar a la Junta y "a Puerto Rico se le debe perdonar la deuda tóxica que él ayudó a crear".

Coincidiendo con la difusión del informe, un grupo de personas protestó en San Juan (P.Rico) y Boston (EEUU) frente a las oficinas del Santander.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 70,000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

De ahí surgió la ley Promesa, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y que ha planteado varios recortes al gasto y en corporaciones públicas para atender la crisis fiscal.

Ante la situación, Puerto Rico comenzó recientemente un largo camino para el pago de su deuda bajo un proceso de quiebra del que mañana se celebra la primera vista.