Aguadilla. Si al término de la presente sesión la Asamblea Legislativa no ha aprobado el Código de Incentivos y la Reforma Contributiva, el gobernador Ricardo Rosselló adelantó que convocará una sesión extraordinaria para llegar a acuerdo sobre esas medidas.

El primer ejecutivo recordó a los legisladores de ambos cuerpos que la aprobación de ambos proyectos es parte del compromiso programático de su administración y enfatizó en que ambos deben aprobarse en conjunto para su efectividad.

“Si queremos tener una Reforma Contributiva, tiene que ir de la mano con un código de incentivos. La asamblea legislativa ha dicho que los proyectos son largos y ameritan su evaluación. Pues, perfecto. Si tenemos que llamar una extraordinaria, yo voy a llamar una extraordinaria para que se pueda tener esto porque el beneficio es tangible”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa durante el anuncio de expansión de la empresa Suiza Dairy Corp. con la construcción de una nueva planta procesadora de leche en Aguadilla.

“Respeto el proceso legislativo. Se le va a dar su espacio. Pero les recuerdo y les reitero que el código de incentivos es un compromiso programático de nuestra administración que cada uno de los legisladores firmó que iba a ser parte del compromiso que se iba a ejecutar, y aunque vamos a tener el insumo de todo el mundo, es un imperativo que a las empresas de aquí y aquellas que vengan a invertir tengan claridad en lo que se está utilizando el dinero del pueblo y que el mismo pueblo sepa que si hay dinero que está entrando para alguna iniciativa, que ese retorno de la inversión sea de beneficio para el pueblo”, agregó.

Rosselló insistió en que el objetivo no es recortar incentivos, sino medirlos, para conocer si son efectivos de la forma en que se están implementando y aseguró que identificarán las áreas de política pública que son prioridad, como, por ejemplo, la agricultura.

"El tiempo corre"

Por otro lado, Rosselló indicó que está abierto al mantener el diálogo con los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, para lograr un entendimiento que les permita aprobar la derogación de la Ley 80 (ley de indemnización por despido sin causa justa) tal como lo acordó el primer ejecutivo con la Junta de Control Fiscal.

La medida debe ser aprobada antes del 27 de junio, según acordado con la Junta.

“Siempre voy a estar disponible al diálogo, pero aquí hay tomar unas decisiones. El tiempo ya corre. Yo confío en que los compañeros de la cámara y el senado tendrán el buen juicio de optar por la solución que le permite a Puerto Rico una trayectoria clara hacia la estabilidad y hacia la oportunidad de restructurar los términos de la deuda, hacia atender el asunto de pensiones que todavía está latente y no optar por un mecanismo que puede ser de mucha incertidumbre, que puede costar muchísimo en litigios y que, al fin de todo, el que sale perdiendo es el pueblo de Puerto Rico, manifestó el gobernador, quien, sin embargo, advirtió que se debe realizar dentro de unos parámetros establecidos dentro de sus negociaciones con la Junta.

“Siempre hemos buscado alternativas cuando las hay, pero llega un momento donde se tiene que tomar una decisión. Yo he asumido mi responsabilidad y he tomado esa decisión…. Yo espero que al final de esta sesión legislativa, tengamos claridad sobre ese asunto”, puntualizó.